Los ataques se registraron en un mercado de mascotas y otro de aves que se encontraban repletos de personas que aprovechaban el bazar de los viernes.
“Ambas mujeres eran deficientes mentales”, declaró a la AFP el portavoz del ejército iraquí en Bagdad, el general Kasem Atta, quien especificó que una de ellas no era iraquí. Leer más »
La decisión del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) de expulsar a los extranjeros condenados por maltratar a su pareja, en caso de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se mantenga en el poder, levantó esta semana una nueva polémica a solo 38 días de las elecciones generales en España.
Numerosas asociaciones de inmigrantes creen que la medida -que también prevé que el expulsado no pueda regresar al país antes de 10 años- se presta para una generalización equivocada.
“Hay que tener mucho cuidado con no hacer que la gente piense que todos los extranjeros son maltratadores”, dijo Rafaela Pastor, presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.
Según el Consejo General del Poder Judicial, el 22,6 por ciento de las personas que maltrataron a sus parejas en el 2006 fueron extranjeros.
Y el 30,6 por ciento de las víctimas también lo eran, de acuerdo con la misma fuente. Sin embargo, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género dice que el índice en ambos casos -maltratadores y mujeres maltratadas- supera el 35 por ciento.
Vulnerabilidad
De cualquier manera son cifras altas, si se tiene en cuenta que la población extranjera en España es levemente inferior al 10 por ciento.
En lo que va corrido del 2008, cuatro de las seis mujeres muertas a manos de sus parejas en España eran inmigrantes y cinco agresores también eran de origen extranjero.
“Situaciones límite, soledad, desarraigo y una cultura patriarcal más consolidada hacen que la violencia machista se ensañe con las mujeres inmigrantes, de origen mayoritariamente latinoamericano”, señaló Eva López en una investigación de la Federación de Mujeres Progresistas.
El porcentaje de mujeres extranjeras que mueren como resultado de la violencia doméstica se ha duplicado en España durante los últimos siete años.
El Consejo General de la Abogacía Española (Cgea) señaló que la propuesta del Psoe no aporta ningún cambio, dado que la reforma del Código Penal del 2003 ya contempla la expulsión de extranjeros por delitos castigados con penas inferiores a seis años, independientemente de que estén relacionados con la violencia de género.
El debate
José Luis Rodríguez Candela, miembro de Cgea, explicó que a un inmigrante que cometa un delito que reciba esa sanción se le puede conmutar la pena por la expulsión.
Si la condena supera ese tiempo, puede ser devuelto a su país cuando haya cumplido tres cuartas partes de ésta.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró que la diferencia de la medida que el Psoe adoptó en su programa electoral el fin de semana pasado, radica en que el maltratador -con o sin los documentos legales de residencia- debe cumplir la pena antes de ser expulsado.
Fernández de la Vega cree que las mujeres inmigrantes “tienen el mismo derecho a estar protegidas” que las demás y que la medida “supone avanzar en la eficacia” de la violencia machista. “Debemos sumar todas las fuerzas leales necesarias”, agrega.
Soledad y aislamiento, malos consejeros.
Aparte de que la población extranjera ha aumentado en España durante los últimos siete años, los expertos creen que un factor determinante es la presión que sienten los hombres al llegar a otro país, en condiciones difíciles. El desempleo les producen una angustia que puede transformarse en violencia, dicen.
“Las mujeres en situación de irregularidad son, sin duda, las más vulnerables”, explicó Eva López, de la Federación de Mujeres Progresistas. “Muchas de ellas no tienen redes sociales de apoyo.
Están solas en España o sin amigos o familiares. Un aislamiento que se potencia si, además, no hablan español”, dijo.
Las cifras de la violencia de género no disminuyen en España, a pesar de agresivas campañas publicitarias o de los avances tecnológicos, como teléfonos que comunican con las autoridades solo con oprimir un botón o pulseras que encienden alarmas.
El último estudio de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer señala que 68 mujeres murieron en el 2006 a manos de su pareja (21 de ellas eran extranjeras). Y en lo que va corrido del 2008, el número de víctimas mortales ya asciende a ocho.
La sentencia la impuso el juez Joyce C. Lamberth, del distrito federal de Washington, pese a emotivas intervenciones de los abogados del guerrillero y de éste, quien al final dijo que “si bien pierdo la libertad física mantengo intactos todos mis ideales”.
Lamberth afirmó que lo cometido por Trinidad, cuyo nombre de guerra es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, contra esos tres estadounidenses fue un “acto bárbaro, deleznable, de terrorismo … que ninguna nación civilizada puede tolerar”.
La sentencia es la máxima que pudo imponerle Lamberth a Trinidad ya que fue una condición impuesta por las autoridades colombianas durante su extradición del 2004 y corresponde a la pena máxima en Colombia.
Lamberth hizo notar que el delito imputado a Trinidad, miembro de la alta dirigencia de las FARC, era de cadena perpetua. Trinidad,mencionó en su intervención –aunque en diversos contextos– a los presidentes Alvaro Uribe, de Colombia, y Hugo Chávez, de Venezuela; a la senadora colombiana Piedad Córdoba, presente entre el público; al prócer cubano José Martí y terminó dando vivas a Manuel Marulanda, el líder máximo de las FARC, a este grupo y al libertador Simón Bolívar.
Miembro de una familia de importantes recursos económicos, Trinidad nació hace 56 años en Valledupar (nordeste colombiano), estudió economía y administración en Bogotá y finalizó su formación con un posgrado en finanzas en la universidad norteamericana de Harvard.
Durante la década del 80 se desempeñó como gerente del Banco del Comercio en Valledupar, cargo desde el cual, según las autoridades, aprovechó para entregar información clave a las FARC sobre hombres de negocios y comerciantes susceptibles de ser secuestrados o extorsionados.
En 1987 ingresó en las FARC y tomó el alias de Simón Trinidad en honor al libertador Simón Bolívar. Mientras se consolidaba como jefe de las finanzas del grupo terrorista, también afianzaba su crecimiento en la estructura militar de la organización al frente del Bloque Caribe, que, en septiembre de 2001, secuestró y asesinó a la ex ministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, familiar del guerrillero.
Durante el frustrado proceso de paz con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002), las FARC lo designaron uno de sus voceros en la mesa de negociación, donde se caracterizó como integrante de la línea dura, opuesta a la negociación.
Capturado en Quito en enero de 2004, fue enviado a Colombia, donde enfrentaba por lo menos 59 cargos por secuestro, rebelión y tráfico de drogas. En el momento de su captura era uno de los 31 integrantes del llamado Estado Mayor Central.
Durante un año estuvo detenido en Colombia, y el presidente Alvaro Uribe ordenó su extradición, que se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2005, después de que las FARC rechazaran una propuesta suya para dejar libre a Trinidad y otros rebeldes a cambio de la liberación de rehenes.
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