El gobierno socialista espera que no menos de 100.000 inmigrantes sin empleo abandonen España a partir de septiembre próximo, como consecuencia del llamado Plan de Retorno Voluntario, que, para entonces, espera poner en vigor.

Como aliciente para hacer las valijas e irse, el controvertido programa promete pagar en dos cuotas el monto total de lo que cada aportante sin trabajo tiene derecho a percibir a lo largo de dos años de cuotas mensuales.

“Creemos que es una propuesta justa y voluntaria, pensada tanto para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro”, dijo la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.

La funcionaria estimó que no menos de 100.000 inmigrantes podrían tener interés en acogerse al plan. La mayoría de ellos, dijo, son personas provenientes de Marruecos, Ecuador y Colombia.

De la Vega no lo mencionó, pero fuentes oficiales barajan la posibilidad de que también haya argentinos interesados en el programa, aunque difícilmente se espere una cifra significativa.

El principal requisito para acceder al plan es que el país del que procede el inmigrante tenga un convenio de Seguridad Social recíproco con España, situación en que se encuentra la Argentina.

El programa, sin embargo, genera rechazo en el país. “Es indignante que el gobierno pretenda hacer recaer la culpa de la crisis económica sobre los inmigrantes y que piense que la solución está en que se vayan”, advirtió la central sindical Comisiones Obreras (CC.OO.).

“Estamos notando un preocupante giro a la derecha en el gobierno [de José Luis Rodríguez Zapatero] en lo que a inmigración se refiere”, precisó el vocero de la central sindical, Manuel García. “Si seguimos así, corremos el riesgo de alentar la xenofobia”, añadió.

Críticas al aliciente
Asociaciones de inmigrantes cuestionaron el plan por entender que el aliciente que ofrece es escaso. “Hay que tener en cuenta lo que cuesta levantar una casa, comprar pasajes para toda una familia y empezar de nuevo”, dijeron en la asociación Raíces.

El principal incentivo del plan es la oferta de pagar en sólo dos cuotas el monto que, de otra manera, cada aportante recibe mensualmente como seguro de desempleo por un plazo máximo de dos años.

Versiones oficiosas indican que, en promedio, se trata de montos cercanos a los 15.000 euros, de cuyo total el 40 por ciento se abonaría antes de que el inmigrante abandonara el país, mientras que el 60 por ciento restante lo percibiría ya en su tierra de origen.

Como contraparte, se les exigirá un compromiso para no retornar a España antes de que transcurran tres años desde su partida.

Desempleo
El plan de retorno es reflejo de la gravedad de la crisis económica que afecta al país, así como de la expectativa real que tiene el gobierno sobre su evolución en el futuro inmediato.

Los primeros síntomas han mostrado que la población inmigrante es fuerte víctima del desempleo como consecuencia, sobre todo, de la abrupta caída de actividad en la industria de la construcción.

El número de inmigrantes que vive en España se incrementó bruscamente en los últimos diez años: de 500.000 en 1996 a 5,22 millones de personas del total de 45 millones de habitantes en la actualidad. La crisis económica de los últimos meses se tradujo en un aumento en el desempleo.

Compártelo