La inmigración ha beneficiado económicamente a España y así lo han reconocido empresarios, sindicatos y el gobierno socialista, aunque tanto este como su rival conservador han advertido que no harán regularizaciones masivas en los próximos cuatro años y que apostarán por las contrataciones en origen. El actual gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero regularizó en 2005 de manera “extraordinaria” a unas 600.000 personas con la condición de que las empresas les hicieran un contrato y cotizaran a la Seguridad Social. Este proceso redundó “no solo en beneficio de ambas partes, sino en el conjunto de la sociedad”, manifestaron recientemente en un documento la federación de empresarios, los sindicatos y el gobierno. Pero recuerdan que esa regularización fue algo “excepcional, transitorio, con plazo de caducidad y sin intención de volver a repetirse en el futuro”. “No se prevé ninguna regularización extraordinaria porque no hay el nivel de extranjeros que dejó el señor Aznar” en 2004, declaró Antonio Hernando, portavoz socialista en la comisión de Interior del Congreso. El conservador Partido Popular (PP), que criticó la regularización de Zapatero después de haber llevado a cabo cinco procesos similares durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004), en los que legalizó a 450.000 extranjeros, coincide con los socialistas en que no los repetirá. Actualmente hay unos 300.000 sin papeles en España, según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. El actual gobierno subraya que en estos años ha incrementado las expulsiones en casi un 50%, con 330.000 devoluciones de ilegales. Pero el PP quiere ir más lejos: no solo no hará más regularizaciones masivas sino que quiere prohibirlas por ley. A falta de estas, los ciudadanos extranjeros pueden obtener permisos de trabajo o residencia por los canales normales: contratación en origen, el más común, arraigo social y reagrupación familiar. Que los inmigrantes han contribuido a la economía española se refleja en cifras como que su aportación supone el 50% del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), según el ministro español de Trabajo, Jesús Caldera. El catedrático de Economía Josep Oliver, de la Universidad Autónoma de Barcelona, coincide en ese porcentaje para el período 2004-2007 debido a que los extranjeros han ocupado el 60-65% del nuevo empleo de media y más del 85% en Cataluña y Madrid. Y para satisfacer el mercado de trabajo y mantener el crecimiento actual de la economía, España necesitará al menos 4 millones de trabajadores extranjeros hasta 2020 debido a la disminución de la demografía.

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