Trabajadores ferroviarios y del transporte público de Francia han iniciado una huelga que durará 36 horas, en protesta por las reformas propuestas por el presidente Nicolas Sarkozy.

Este colectivo no está de acuerdo con la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno, que lleva hasta los 41 años el mínimo de cotización para poder cobrar una pensión completa.

Las primeras horas del paro tenían un impacto limitado en el transporte público, el sector en el que más se debía notar. La compañía ferroviaria SNCF señaló que 10 horas después del inicio de la huelga circulaban la mitad de los trenes de largo recorrido, tal y como se había programado.

Las primeras informaciones sobre el transporte público en las grandes ciudades daban a entender que el paro no provocaba excesivos problemas, y así en el área metropolitana de París, según la entidad gestora RATP el tráfico era “completamente normal” en la red de trenes de cercanías, en el metro, en los tranvías y en los autobuses.

También se espera que el tráfico aéreo sufra algunos retrasos, después de que los sindicatos que agrupan a los empleados de ‘Air France’ pidieran a sus afiliados a unirse a la huelga. Las compañías prevén retrasos y algunas anulaciones, sobre todo en el aeropuerto parisiense de Orly y en el de Marsella.

La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) afirmó que a primeras horas de la mañana no había huelguistas entre los controladores aéreos de los dos aeropuertos de la capital francesa, aunque sí algunos retrasos en el de Orly atribuidos a regulaciones del tráfico.

Al paro están llamados todos los trabajadores, pero es en los transportes y en los servicios públicos donde se prevé una mayor movilización, según los sindicatos.

Las centrales han avisado de que el éxito de la jornada no deberá medirse por los sectores paralizados sino por el número de personas que acudan a las manifestaciones convocadas en 80 ciudades.

El sindicato FO cuenta con sacar a la calle medio millón de personas, mientras que las otras grandes centrales han sido menos explícitas en sus valoraciones y se han limitado a decir que aguardan a “cientos de miles” de manifestantes.

Divergencias entre los sindicatos
El nivel de oposición de los sindicatos al plan de reforma de las pensiones es diferente.

Mientras que la CFDT pide que su puesta en marcha se condicione a la obtención de resultados en el empleo de personas mayores, FO y CGT se oponen a cualquier alargamiento del tiempo mínimo de cotización.

Aunque “muy atento a este conflicto como a toda manifestación” de los franceses, el primer ministro, François Fillon, aseguró que excluye dar marcha atrás en la prolongación de 40 a 41 años el período de cotización para tener derecho a una pensión completa.

“Este asunto se zanjó en 2003″, afirmó el jefe del Gobierno conservador en el telediario de ‘France 2′, en alusión a la ley de reforma de las pensiones que impulsó cuando era ministro. Una ley que -dijo- prevé “aumentar progresivamente el período de cotización a medida que aumenta la esperanza de vida”.

Lo dijo la vicepresidenta española. Agregó que la ofensiva italiana contra los sin papeles es “xenófoba”. La declaración no tiene precedentes por su dureza. Roma afirmó que Madrid no puede darle lecciones. Por: Julio Algañaraz

La represión desatada contra gitanos e inmigrantes clandestinos en Italia por el nuevo gobierno de centroderecha de Silvio Berlusconi, determinó ayer una crisis con España. La vicepresidente del gobierno de Madrid, María Teresa Fernández de la Vega, que ejercita la presidencia porque Rodríguez Zapatero se encuentra en Lima, dijo que “el gobierno (español) rechaza violencia, racismo y xenofobia y por eso no puede compartir lo que está ocurriendo en Italia”.

En la conferencia semanal con la prensa, Fernández De la Vega agregó que “existen mecanismos legales para detener la inmigración clandestina y estos son los mecanismos a utilizar, no los otros”. Estas palabras cayeron como una bomba y los diplomáticos de La Farnesina (la cancillería peninsular) dijeron luego que las declaraciones “no habían querido referirse a las medidas del gobierno italiano” en materia de inmigración clandestina. Hubo “aclaraciones” por “vía diplomática” a través de la embajada italiana en Madrid. Pero no lograron aliviar la impresión de la neta condena de fondo del gobierno socialista español a la política antiinmigrantes de la nueva administración de Berlusconi.

Stefania Craxi, hija del ex líder socialista Bettino, que murió en el exilio de Túnez, nueva subsecretaria de Relaciones Exteriores, ya había hablado de “almas bellas” por los españoles, que “deberían documentarse”. Y otro ex socialista como Stefania, Fabrizio Cicchitto, estrecho colaborador de Berlusconi y jefe de la bancada oficialista en Diputados, afirmó que “España no puede darnos lecciones”.

El ataque a la presunta xenofobia italiana por parte del gobierno español se mezcló con otras situaciones dramáticas. La Unión Europea bochó al canciller Franco Frattini, que está en Lima, diciéndole “no” a su pedido de revisar el tratado de Schengen sobre libre circulación de los ciudadanos de la UE para poder controlar en las fronteras italianas a los rumanos que entraron en masa en los últimos meses después que su país ingresó como miembro pleno al bloque. Pero los controles, según Frattini, deben servir también para otros inmigrantes comunitarios difíciles, provenientes de Bulgaria o Polonia.

A estos temas polémicos se sumó el líder libio Muhammar Kadafi con una espectacular denuncia. El coronel acusó a los gobiernos europeos de “planificar la muerte de centenares de migrantes africanos”, hundiéndoles las “carretas del mar” que tratan de llegar a las costas italianas y españolas desde Africa para entrar en la soñada Europa.

“Es una tragedia que se está produciendo en el mar Mediterráneo, una guerra contra los africanos”, agregó dramáticamente el líder de Libia. “A veces los europeos, con el pretexto de socorrer alguno de esos barcos, lo dan vuelta y hacen morir a sus ocupantes”. También la OCDE, la Organización para la seguridad y la cooperación europeas, afirmó a través de su observatorio para los derechos humanos, que “Italia estigmatiza a los gitanos de la etnia rom, sobre todo provenientes de Rumania”, y pidió proteger a los gitanos. “La acción en Italia contra grupos de inmigrantes es peligrosa y contribuye a alimentar las tensiones”.

Laura Boldrini, de la organización mundial para refugiados de la ONU, reclamó que las instituciones internacionales condenen los ataques en Nápoles a los campamentos gitanos, que calificó de “escenas balcánicas” evocando las “limpiezas étnicas” vividas en la guerra civil de la ex Yugoslavia en los ’90. Ayer fue incendiado otro campamento en la zona de Ponticelli que había sido abandonado por los “zíngaros”, que huyeron luego de ser atacados por cientos de vecinos enfurecidos controlados por personas de la camorra, la mafia napolitana.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, dirigente de la Liga Norte, partido muy fuerte en las ricas regiones septentrionales y acusado de racismo y xenofobia, está preparando un paquete de medidas de seguridad, prometidas durante la campaña electoral.

“Es el momento de la firmeza”, dijo Maroni al hablar en la fiesta de la Policía. Maroni agregó que “es necesario evitar que la rabia prevalezca sobre las reglas de la convivencia civil”. “El país pide respuestas”, redondeó Maroni. El ministro prometió a una delegación de la Caritas, la organización de la Iglesia que se ocupa entre otras cosas de atender a los inmigrantes, que el gobierno no va a auspiciar una ley que convierta en delito la inmigración clandestina, como el mismo Maroni había prometido. Mientras tanto, una parte de la prensa italiana sostiene que se prepara un clima de “pogrom” contra los gitanos y los inmigrantes irregulares y prosiguen las redadas y las detenciones de ilegales que están recibiendo órdenes de expulsión del territorio italiano.

Una joven rumana intenta secuestrar a un bebé y los vecinos del barrio responden con linchamientos y chabolas incendiadas.- Italia vive un fuerte debate por el plan de seguridad contra los ‘sin papeles’ de Berlusconi

La violencia contra un campo gitano de rumanos ha sacudido el barrio Ponticelli de Nápoles, después de que una joven intentara secuestrar el pasado sábado a una recién nacida. El episodio, que ha causado un gran revuelo en Italia, sucede en mitad de la tensión y el fuerte debate abierto por el controvertido plan de seguridad que el Gobierno de Silvio Berlusconi quiere aprobar contra los delitos de los inmigrantes sin papeles.

Según informa el diario La Repubblica, la policía italiana tuvo que evitar que la rumana de 16 años, que intentó secuestrar al bebé, fuese apaleada por los vecinos del barrio de Ponticelli. Ante la intervención de los agentes, muchos de los vecinos lanzaron cócteles molotov e incendiaron chabolas del campo rumano donde vive la detenida, que confesó los hechos. Fuentes policiales también han confirmado que dos rumanos fueron agredidos, uno de ellos herido de gravedad tras ser apuñalado.

Desde que se conoció el secuestro frustrado de la joven, la policía italiana se ha visto obligada a reforzar la vigilancia en torno a varios campos de rumanos para evitar nuevas represalias. Mientras tanto, los vecinos del barrio de Ponticelli se han movilizado y han creado patrullas de seguridad privadas para evitar robos y otros delitos de los que se acusa a los rumanos. Diversas organizaciones de asistencia a inmigrantes, por su parte, han denunciado el clima de violencia y han pedido “mano dura” contra los vecinos que ataquen a la comunidad rumana.

Guerra contra los ‘sin papeles’

Los disturbios disparan la tensión en Italia, uno de los impulsores de la nueva directiva europea que extendería hasta los 18 meses el tiempo de detención en centros especiales de los sin papeles. Es una promesa electoral del propio Berlusconi, que en parte impulsó su triunfo el pasado abril.

El plan, formado por 40 propuestas, fue anunciado por el nuevo ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, que pretende limitar el acceso de los gitanos, la mayoría rumanos, al territorio italiano. Aunque Rumania no pertenece al espacio Schengen, que permite viajar sin controles entre los países integrantes, la mayoría de los gitanos rumanos entran libremente en Italia a través de la frontera francesa.

Rumania ha criticado abiertamente al Gobierno italiano por su anunciado plan de choque contra la inmigración ilegal y ha dejado ver su disgusto por las medidas previstas contra los ciudadanos rumanos. Según Cáritas, en Italia viven actualmente 556.000 rumanos.

Un policía murió y otros cuatro resultaron heridos, tras un atentado a un cuartel de la Guardia Civil en el País Vasco. Utilizaron un coche bomba con 100 kilogramos de explosivos

Un policía murió y otros cuatro resultaron heridos en un atentado con coche bomba perpetrado en la madrugada de hoy por la organización separatista ETA contra una casa cuartel de la Guardil Civil en el País Vasco español, informó la televisión pública española citando a la Policía.
El coche bomba, con unos 100 kilogramos de explosivos, estalló frente al cuartel de la Guardia Civil en la entrada de Legutiano, localidad de unos 1.400 habitantes situada a unos 15 kilómetros al norte de Vitoria, la capital del País Vasco español.

Según los primeros partes médicos, la vida de ninguno de los cuatro heridos -dos hombres y dos mujeres- corre peligro, aunque uno de ellos fue llevado en estado grave al hospital.

Sin embargo, por la explosión falleció un policía de 41 años, la segunda víctima mortal de ETA en lo que va de año, ya que el 7 de marzo fue asesinado a tiros el ex concejal socialista Isaías Carrasco en la localidad de Mondragón.

El estallido causó enormes daños en la casa cuartel, en la que vivían unas 40 personas y que se derrumbó parcialmente.

Sin aviso
A diferencia de los anteriores, este se produjo sin aviso previo, por lo que la casa cuartel no pudo ser evacuada a tiempo.

Los autores del atentado estacionaron el coche bomba frente a la entrada del cuartel y se dieron a la fuga después de activar la carga explosiva que dejó un cráter de un diámetro de varios metros y apenas restos del vehículo.

Desde que inició su lucha armada por la independencia del Páis Vasco en 1968, ETA ha matado a 834 personas, de ellas 204 policías.

 La ayuda internacional urge en Myanmar y algunos países abogan ya por administrarla sí o sí, incluso sin el acuerdo de la Junta Militar. Francia, Alemania y Reino Unido abogaban por esta opción, según ha manifestado en una reunión de urgencia de la Unión Europea la representante gala. Sin embargo, los socios comunitarios han optado finalmente por una opción más prudente —por la que abogaban, entre otros, España— y ha instado a Birmania a no poner trabas a la ayuda. Mientras tanto, la cifra de víctimas tras el paso del ciclón Nargis continúa ascendiendo. Las autoridades birmanas ya han confirmado 34.273 muertos y 27.836 personas desaparecidas.

La Junta Militar birmana —conocida durante décadas como una de las dictaduras más cerradas del mundo— acepta ayuda del exterior, incluida la de Naciones Unidas, pero continúa poniendo trabas a los equipos de ayuda extranjeros que llegan al país.

“Hemos apelado a la ‘responsabilidad de protección’ para que se aplique en el caso de Birmania [actualmente, Myanmar]“, dijo Rama Yade, secretaria de estado gala de derechos humanos durante una reunión con los responsables de ayuda humanitaria de los gobiernos de la UE para discutir la ayuda de emergencia al país asiático. Ya la semana pasada, Francia apeló a Naciones Unidas para administrar la ayuda, pese a la negativa de la Junta Militar, pero el Consejo de Seguridad rechazó su petición.

Según Yade, las tres principales potencias europeas (Reino Unido, Alemania y Francia) harían la propuesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si bien reconoció que no contaba con el apoyo unánime de los 27 países comunitarios.

Entre la ‘línea dura’ y la ‘prudencia’
“Sobre todo, quedemos presionar para que la Junta proteja a su propia población”, ha explicado la ministra alemana de Desarrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, a su llegada al cónclave europeo.

Sin embargo, la mejor solución no contaba con unanimidad. Algunos asistentes a la reunión se inclinaban por esa ‘línea dura’ propuesta por Francia mientras ciertos estados optaban por la prudencia, como España.

Finalmente, las conclusiones de la reunión se han inclinado por esta línea. Los estados de la UE han decidido aumentar la ayuda a las víctimas y solicitar a la Junta que autorice la ayuda “libre de trabas”. “Los Estados miembros prevén dar una ayuda financiera suplementaria, también en material, y acelerar el ritmo de la entrega de la ayuda”, afirmó el secretario de Estado de Exteriores de Eslovenia, Andrej Ster, tras la reunión.

Crimen contra la humanidad
Antes de la cita comunitaria, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, se ha mostrado partidario de la primera opción, es decir, de “usar todos los medios para ayudar a la gente. La Carta de Naciones Unidas abre a algunas vías para suministrar ayuda (…) si los líderes del país no permiten el acceso rápido y bien organizado”.

En este sentido, Solana explicó a los periodistas que la situación en Birmania es “de un poco más de cooperación, pero todavía muy negativa”.

También el primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, ha dicho que la comunidad internacional debería imponer su ayuda en graves crisis humanitarias como la birmana.

El representante español en la reunión, Diego López Garrido, secretario de Estado para Asuntos Europeos, señaló que “cabría interpretar” como “alguien [ya ha interpretado] que si hay una dejación absoluta por parte de la Junta para que no llegue estas ayudas a las personas afectadas en ese país podría hablarse incluso de crimen contra la Humanidad”.

Sin embargo, el representante español se mostró partidario de “tener ciudado” e intentar negociar primero con los líderes birmanos, instando a la cautela para no “agravar la situación”. En todo caso, tal acción “es algo que tiene que decidir siempre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas conforme a la legalidad internacional”, dijo.

Solana invoca la Carta de Naciones Unidas para ayudar a los damnificados aun sin el permiso de la Junta

Las trabas que está poniendo la Junta militar birmana a la entrada de ayuda para los damnificados del ciclón Nargis está colmando la paciencia de las organizaciones internacionales, que presionan a Rangon para que rectifique su actitud. La ONU ha pedido un “puente aéreo o marítimo” para evitar “una segunda catástrofe” en el país entre la gente que lo ha perdido todo. Denuncia que muy pocos de los afectados por el ciclón han recibido ayuda. Mientras, la UE sostiene que el mundo debe usar “todos los medios”, incluso actuar sin el consentimiento de la Junta, para hacer llegar la ayuda a las víctimas del Nargis.

Antes de una reunión de los ministros encargados de la ayuda humanitaria, el jefe de la política exterior de la Unión, Javier Solana, ha dicho que la comunidad internacional debe “usar todos los medios para ayudar a esa gente”. “La Carta de Naciones Unidas abre algunas vías si no se consigue que la ayuda humanitaria llegue a la gente”, ha dicho Solana. Preguntado si se refería al envío de ayuda sin el consentimiento de la Junta, ha dicho: “Lo que sea necesario para ayudar a los que sufren”.

El ministro francés de Exteriores, Bernard Kouchner, ha ido por el mismo camino, invocando un principio de Naciones Unidas escasamente usado, el de la “responsabilidad de proteger” a las víctimas si Rangon sigue impidiendo el paso de personal humanitario y trabando el paso de material para paliar la catástrofe. Según Solana, las medidas contempladas en la Carta de Naciones Unidas podrían aplicarse “en un país que ha sufrido una catástrofe y sus líderes no permiten la llegada rápida y organizada de ayuda”. El Comisario europeo de Ayuda y Desarrollo, Louis Michel, responsable de la agencia humanitaria de la ONU, se va a desplazar en breve a la región para presionar a la Junta para que deje de poner obstáculos a las organizaciones que intentan socorrer a los damnificados por el Nargis.

Puente aéreo

A juicio de la Agencia de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es necesario que los equipos de emergencia puedan establecer un puente aéreo o marítimo para hacer llegar alimentos, agua potable, tiendas de campaña y otros bienes a las regiones más afectadas por el paso del ciclón, en particular en el delta del río Irrawaddy, al sur de Myanmar. Si no, cree la OCHA que se producirá “una segunda catástrofe”, con la muerte de miles de miles de personas por hambre o enfermedades.

Lo que está sacando de quicio a las agencias internacionales es que, como denuncia la ONU, 11 días después del paso devastador del Nargis, sólo 270.000 personas han recibido ayuda de las agencias humanitarias internacionales, cuando se estima que hay entre 1,5 y 2 millones de afectados. Es la Junta militar birmana, que gobierna uno de los regímenes más cerrados del mundo desde hace 46 años, la que impide que la ayuda llegue a los supervivientes: impide el paso de personal extranjero de las organizaciones humanitarias, con lo que cientos de cooperantes espera en los países vecinos un visado para poder entrar. La Junta se hace cargo del reparto de la ayuda, lo que ha provocado acusaciones de que se está apropiando de ella.

“La ayuda que la ONU y sus socios han podido darles hasta ahora es muy rudimentaria”, ha explicado Elizabeth Byrs, de la OCHA, agregando que todavía se están evaluando los daños causados por la catástrofe. En un pequeño gesto de apertura, la Junta ha anunciado hoy que permitirá la entrada de personal extranjero, eso sí, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para que evalúe los daños. El secretario general de la ASEAN, el tailandés Surin Pitsuwan, ha explicado que las autoridades birmanas le han asegurado que sus funcionarios podrán acceder sin problemas a las zonas más afectadas, pero lo cierto es que aún no disponen de visados.

La entrada de este equipo de expertos coincide con el envío del segundo avión estadounidense, cargado de medicamentos y comida, procedente de Tailandia, de cuya gestión se ha hecho cargo la Junta. Hasta ahora, la Junta Militar reconoce casi 32.000 muertos y unos 30.000 desaparecidos por el ciclón, aunque la ONU calcula entre 63.000 y 102.000 muertos, 220.000 personas en paradero desconocido y casi dos millones sin hogar. Mientras tanto, el régimen birmano, a través de su poderoso aparato de propaganda, sigue ocultando a la población la auténtica magnitud del desastre y bombardea imágenes de su máximo líder, Than Shwe, y otros generales dando ayuda a los damnificados, pero no muestra ni menciona los miles de cadáveres que flotan en el delta.