Italia envió basura radiactiva a Alemania El escándalo ya trasciende las fronteras de la Península
Sunday, June 8th, 2008 |
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El Consejo de Ministros de España aprobó ayer la extradición a Estados Unidos del sirio Monzer al-Kassar, acusado de varios delitos; entre ellos, el de tráfico ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al-Kassar, que en la década del 90 vivió en la Argentina y mantuvo vínculos con el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, también está acusado de conspiración para el homicidio, para atentar contra autoridades o funcionarios públicos, y para el lavado de dinero.
La entrega de Al-Kassar, encarcelado en España desde que fue detenido el 7 de junio del año pasado en el aeropuerto madrileño de Barajas, se produjo luego de que la Audiencia Nacional -alto tribunal español encargado de delitos de terrorismo- dio su visto bueno el 13 de diciembre último.
El tribunal accedió a la entrega de Al-Kassar, de 61 años, con la condición de que no sea ejecutado en caso de ser condenado a muerte y de que no sea encarcelado de por vida en caso de que lo condenen a cadena perpetua. La defensa del acusado se oponía a su extradición a EE.UU. porque la condición de árabe de Al-Kassar, en su opinión, le impediría tener allí un juicio justo.
El Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) ha llevado a cabo durante los últimos 30 años una investigación exhaustiva de las presuntas actividades delictivas de Al-Kassar, con especial relación al tráfico ilegal de armas para actos terroristas.
Según las autoridades norteamericanas, entre febrero y junio de 2007, Al-Kassar se reunió en Marbella y Madrid con personas que trabajaban para la DEA y que se presentaron como representantes de las FARC, con el fin de adquirir armas “para la guerra que libraban en Colombia contra Estados Unidos”.
Luego de que le entregaron un listado con las armas que querían comprar, Al-Kassar inició gestiones para su venta y transporte, y ofreció 1000 hombres para luchar en territorio colombiano contra Estados Unidos. Todo, por un valor de entre 6 y 8 millones de dólares. Además, ofreció explosivos, detonadores y especialistas para instruir a las FARC en el uso de las armas.
Según la DEA, Al-Kassar acordó suministrar precios de sistemas de misil tierra-aire para atentar contra los helicópteros norteamericanos en Colombia y proporcionó cuentas bancarias en España y en el Líbano, donde recibió pagos a cuenta de las armas.
En la Argentina, Al-Kassar fue acusado durante el gobierno de Carlos Menem por irregularidades en la tramitación y obtención de su ciudadanía argentina, que logró en 24 horas. En abril de 2005, el juez federal Jorge Ballestero declaró prescripta la investigación, que a fines de 2006 la Corte Suprema dejó sin efecto. Además, por la causa del atentado contra la embajada de Israel la querella pidió que se lo investigara.
El 7 de junio de 1968, el guardia civil de 25 años José Ángel Pardines Arcay se convirtió en la primera víctima oficial de la organización terrorista vasca ETA.
Aquel día, del que hoy se cumplen 40 años, Pardines Arcay, hijo y nieto de guardias civiles, se encontraba regulando el tráfico en una zona de obras de la carretera Nacional I (la que une Madrid con Irún). Al ver un vehículo y sospechar de sus ocupantes, Pardines le dio el alto sin saber que en su interior iban los etarras Javier Etxebarrieta Ortiz, alias Txabi, e Iñaki Sarasketa. Tras pedirles la documentación y mientras rodeaba el coche para verificar las placas, Extebarrieta sacó una pistola y lo mató a quemarropa.
En ese entonces, sólo había un partido político, el Frente Nacional, y un solo gobierno: el del general Francisco Franco. El español era la lengua oficial y no se permitía el uso de ninguna otra, ni se permitía cantar los himnos regionales. Las autonomías actuales no existían.
ETA se había fundado en 1962 como un movimiento revolucionario vasco para la liberación naciona de Euskadi y para luchar contra el régimen de Franco. Hasta 1968 la banda se había limitado a cometer atracos, realizar pintadas con el lema “Gora Euskadi Askatuta” (Viva el País Vasco en libertad) y a llevar a cabo pequeños atentados con explosivos contra edificios gubernamentales y símbolos del franquismo, sin provocar víctimas.
Sin embargo, en 1968 y en respuesta a la dura represión que siguió al estado de excepción decretado por el régimen, ETA decidió cambiar de estrategia y apostar por la “lucha armada”. Los asesinos de Pardines fueron detenidos y uno de ellos murió en la persecución policial. En venganza, ETA asesinó, el 20 de diciembre de 1973, al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y mano derecha de Franco, y su sucesor.
El asesinato conmocionó a la opinión pública. Fueron muchos los que se alegraron de que ETA hubiera acabado con la posibilidad de continuidad del régimen. Pero las muertes no acabaron ahí: de octubre de 1974 a octubre de 1975, la banda armada acabó con la vida de 22 miembros de las fuerzas de orden público y de 14 civiles. Los atentados se extendieron a toda España. Franco respondió con más mano dura y dos meses antes de morir firmó la pena de muerte de cinco etarras.
Con la desaparición del dictador y el inicio de la transición se pensó que ETA dejaría las armas y se convertiría en un partido político. Pero los atentados no sólo no cesaron sino que durante los años siguientes aumentaron. Y ETA, que hasta entonces había contado con el apoyo de muchos ciudadanos, hartos de la represión del franquismo, comenzó a ser vista como una organización terrorista.
La mayoría de la población no entendía cómo en la España de 1979, con una Constitución aprobada en cuyo texto se reconocían las autonomías, ETA siguiera matando. Cómo con un estatuto que otorgaba al País Vasco la capacidad para formar su gobierno, elegir su Parlamento, celebrar elecciones municipales y autonómicas, tener su policía, bandera, y lengua, entre otras competencias, ETA dijera que el País Vasco seguía oprimido por el pueblo español.
ETA ha matado a más de 800 personas. Los cuatro presidentes de la democracia: Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han negociado con la banda y ésta ha realizado varias treguas. No ha servido para nada. ETA ha seguido matando; cuenta con nuevos jefes, nuevos miembros y lo que es peor, con decenas de jóvenes vascos deseando entrar en sus filas.
Con sus matices, naturalmente, el paisaje cotidiano de la Argentina y de Europa tiene, desde ayer, un impensado punto en común: los cortes de ruta en señal de protesta sectorial y la amenaza de desabastecimiento, como consecuencia directa de lo anterior.
Y, todo ello, sobre la elocuencia de la estadística que confirma una creciente inquietud popular por el comportamiento de la economía y, especialmente, por el aumento de la inflación.
El disparador, aquí, fue la suba del precio de los combustibles. Eso, como consecuencia de lo que pasa con el barril del petróleo y cuyo efecto se agudiza, particularmente, con el valor de venta del gasoil, que aumentó el 40% en un año. Hartos de perder, los transportistas dijeron “basta” y se lanzaron a la huelga y al piquete.
“Aquí tendremos una huelga larga y dura. Todos sufriremos mucho, sobre todo porque, dentro de muy pocos días, ya pueden presentarse problemas de desabastecimiento”, previno el titular de la Federación Nacional Española de Asociaciones de Transporte de Mercancías (Fenadismer), Julio Villaescusa.
Lejos de devolver la presión o llamar al choque, el gobierno socialista llamó a la “serenidad”, a la “calma” y al “diálogo” para “buscar acuerdos” con los que todos “salgan ganando”, según dijo la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. “El gobierno se está preocupando por buscar fórmulas que sirvan para aminorar el impacto del aumento del petróleo”, aseguró, en tácita referencia a quienes afirman que el gobierno está “falto de reflejos” frente a las luces amarillas de la economía.
Lo peor de la protesta podría llegar a partir de pasado mañana, con el comienzo de la actividad semanal. “Esperemos, por el bien de todos, que las movilizaciones se reduzcan en el menor tiempo posible”, añadió De la Vega.
La enérgica movilización del sector del transporte no es sólo patrimonio de España. Ayer se vieron reacciones similares en toda Europa y, de no haber respuesta, se prometen más para los próximos días. Así, cerca de 400 camiones bloquearon los accesos a Oporto, en Portugal, mientras que los transportistas franceses prometen acompañar a los españoles a partir del lunes y asociaciones sindicales de Italia y de Gran Bretaña harían otro tanto.
“La idea es atascar las entradas y las salidas en algunas ciudades, sobre todo durante el fin de semana largo”, dijo el titular de la asociación de camioneros del norte y centro de Portugal, Nuno Salgado.
En España, la suba del petróleo cae sobre un escenario económico complicado: la inflación roza el 5%, el desempleo se acerca al 10%, el sector de la construcción -que ha sido promotor del crecimiento- está en franco aterrizaje y los pescadores están en pie de guerra porque no pueden asumir el aumento de insumos. “Ni vale la pena que salgamos a faenar”, dijeron pescadores que, en esta semana, regalaron el contenido de sus redes con el argumento de que lo que se les paga en puerto “no alcanza ni para cubrir los gastos”.
Para colmo, el masivo regalo de merluzas y anchoas desencadenó el asombroso fenómeno de batallas campales entre jubilados apiñados en los muelles; casi como un extemporáneo ramalazo en la memoria de aquel hambre del siglo pasado y, por lo tanto, ya muy lejano.
Los camioneros, en tanto, se muestran satisfechos con su propia protesta. “Hasta ahora, tenemos una respuesta del 70% y hubo colapsos en rutas de varias regiones, como Madrid, Cataluña y Valencia”, dijo el titular de la Unión de Transportistas Autónomos (IUTA), José Fernández.
Tan estruendoso como la protesta de transportistas, pescadores y taxistas -estos últimos hicieron una marcha con sus vehículos en Madrid- es el silencio de las grandes organizaciones sindicales españolas. Con el país en amenaza de huelga masiva de transporte a partir de pasado mañana, nada se oyó de las otrora poderosas Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).
La ciudad de Hamburgo ha bloqueado durante 24 horas la eliminación de residuos importados desde la región italiana de Campania tras haber hallado, en una carga llegada esta semana desde Nápoles, restos de radiactividad superiores a lo permitido. La ministra de Medio Ambiente de la ciudad-Estado alemana, Anya Hajduk, afirmó que la empresa que trata las basuras sólo reanudaría sus trabajos si las autoridades italianas garantizaban por escrito que hará controles de radiactividad en origen.
Campania exporta parte de las 7.500 toneladas que genera al día
El coste del traslado de residuos asciende a medio millón de euros
Las autoridades italianas y la oficina del Comisario Especial, Guido Bertolaso, encargado de gestionar la emergencia de las basuras de Nápoles, confirmaron ayer que habían enviado las garantías a Alemania, e informaron de que un equipo especial de los bomberos controlará a las basuras en origen.
La empresa alemana encargada de la eliminación descartó que los residuos de Yodo 131, que ya han sido tratados y destruidos, fueran peligrosos: “Si el nivel normal de radiactividad del ambiente es de 0,1 unidades, el nivel que encontramos en el contenedor era de ocho unidades”, explicó Reinhard Fiedlier, portavoz de la empresa de Hamburgo.
Según el despacho de Bertolaso, la contaminación ha podido ser causada por el yodo utilizado en algunos tratamientos para el cáncer de huesos y tiroides.
La región de Campania exporta desde hace años a Alemania parte de las 7.500 toneladas de basura que genera cada día. El coste es de 215 euros por tonelada, lo que supone pagar cerca de medio millón de euros al día. La razón es que resulta más barato y fácil que eliminarla en Nápoles, dada la inexistencia de vertederos e incineradoras disponibles en la región, que vive desde hace 15 años la llamada emergencia de las basuras.
El problema comenzó cuando la población local empezó a resistirse a la apertura de basureros e incineradoras, tras saber que, desde los años 80, la Camorra había enterrado en lagunas y campos agrícolas de Nápoles, Pianura y Caserta (y también de la región de Puglia) millones de toneladas de residuos tóxicos generados por empresas, públicas y privadas, del norte y centro del país.
Los residuos contenían, entre otros venenos, barnices, plomo, amianto, fangos industriales, desechos hospitalarios, alimentos caducados y aceites minerales. Según han certificado las autoridades sanitarias, son los responsables directos del aumento de un 20% en la incidencia del cáncer registrado en Campania en los últimos años.
Los datos se conocen gracias a dos investigaciones judiciales, llamadas Rey Midas y Tierra Mía, y a una comisión parlamentaria que trabajó sobre el asunto desde 2002 a 2006 y que desveló que en el sistema camorrista colaboraban funcionarios, empresas, transportistas e incluso niños. El escritor napolitano Roberto Saviano reveló muchos de esos detalles en su exitosa novela-reportaje Gomorra, que fue llevada al cine y es la película más vista de Italia tras ganar el Gran Premio del Jurado en el festival de Cannes.
Para deshacerse de los desperdicios tóxicos, las industrias pagaban a la Camorra precios imbatibles, de unos 30 céntimos de euro el kilo. Luego, la Camorra se encargaba de cargar, transportar y enterrar. Los llamados viajes del veneno se han producido, pese a todas las investigaciones, al menos hasta 2007.
Ayer, un intermediario véneto contaba a La Repubblica cómo la Camorra enviaba los camiones llenos de mercancías legales del sur al norte y los hacía volver con sustancias peligrosas para no viajar de vacío. La policía tiene la certeza de que, dadas las ramificaciones internacionales de la mafia napolitana, el negocio se ha extendido a otros países de Europa y a África.
El presidente de la República, Giorgio Napolitano, ha pedido esta semana “comprensión y colaboración” a los napolitanos, y ha denunciado en su ciudad que la mayoría de los residuos tóxicos que han envenenado el territorio campano procedían de empresas del norte.
Nada más llegar al poder, el Gobierno de Silvio Berlusconi lanzó un plan para acabar con la emergencia de las basuras. Entre otras medidas, convertirá los nuevos vertederos en zonas militares y penará con cárcel a los ciudadanos que se resistan a la descarga de basuras. Berlusconi ha prometido viajar a Nápoles cada semana hasta que se normalice la situación.
Dmitri Medvédev mantiene la línea dura de Putin y dice a Kiev que este paso pone en peligro las relaciones entre ambos países
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, ha advertido hoy a su homólogo ucranio de que pone en peligro las relaciones entre ambos países, si Ucrania se suma a la OTAN. En una reunión con el presidente ucranio, Víktor Yushchenko, Medvédev también ha pedido a Kiev que no tome medidas unilaterales para expulsar a la armada rusa de la base que tiene alquilada en la costa ucraniana en el Mar Negro, ha informado el Ministerio de Exteriores ruso.
Ambos mandatarios se han encontrado en una cumbre informal de presidentes de 12 ex regions soviéticas en San Petersburgo. Medvédev también ha informado a Yushchenko de que subirán los precios de las exportaciones de gas a Ucrania, debido al alza de los costes.
Yushchenko, quien no ha ocultado su simpatía por Occidente, ha asomado la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN en el futuro. Esto ha despertado la ira de Moscú, que se opone a una expansión de la alianza militar más cerca de sus fronteras.
Los analistas habían estado esperando ver si las relaciones del Nuevo presidente ruso con Ucrania y Georgia serían más cálidas que con las de su predecesor, el ahora primer ministro, Vladímir Putin.
Pero el nuevo líder ruso se mantiene en línea con Putin, al referirse al tratado de amistad entre Rusia y Ucrania de 1997. “El tratado? contiene la obligación para las dos partes de no hacer nada que pueda crear amenazar o poner en riesgo la seguridad de la otra parte”, ha explicado el ministro Sergey Lavrov, a los periodistas.
Los vecinos de Deir Mimass, una localidad libanesa situada a pocos kilómetros de la frontera con Israel, hace tiempo que no se aventuran entre los bellos olivos que crecen en su monte. Los únicos que recorren el paraje son los 15 miembros del equipo de desminadores encargado de examinar cuidadosamente el terreno hasta dar con las bombas de racimo que convierten el lugar en una trampa.
Los desminadores, todos libaneses, no hablan ni una palabra de castellano, pero la bandera española es perfectamente visible en sus uniformes, como también identifica sus vehículos. Se trata de uno de los dos equipos financiados por el Gobierno de Madrid para contribuir a la limpieza del sur del Líbano de las bombas de racimo, recientemente prohibidas por el Tratado de Dublín, sembradas por Tel Aviv tras la guerra del verano de 2006.
El Ejecutivo español aprobó el año pasado una ayuda especial de 600.000 euros y el miércoles el embajador en Beirut, Miguel Benzo, apadrinó con su presencia la labor de las dos unidades que, desde febrero y hasta finales de año, desactivarán estos explosivos que actuán de forma indiscriminada en el sector Este del sur del país, donde se encuentra desplegado el contingente español de la Fuerza de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).
“Nuestra contribución se suma a los esfuerzos de la comunidad internacional para proteger a los civiles en riesgo por el peligro que representan estas bombas”, explicó el embajador. Según las ONG, el 98% de estos artefactos durmientes afectan a la población civil, y los datos sobre el terreno lo confirman. “Hemos llegado a encontrar 48 submuniciones en un solo huerto”, explicaba el responsable del segundo equipo, localizado en la localidad agrícola de Tebnin. “En otra zona hortofrutícola muy poblada, también en nuestra área, ya hemos desactivado 460 bombas”.
El resultado de su trabajo es especialmente significativo dado que, casi dos años después de la guerra, muchas de las municiones que componen las bombas de racimo han quedado enterradas por la lluvia y los movimientos de tierra resultando invisibles. Atrás han quedado los meses inmediatamente posteriores al cese de fuego en los que estas submuniciones “estaban por todas partes: en hospitales, casas, colegios, piscinas, mezquitas e iglesias, a pie de carretera…”, explica Dalia Farran, portavoz del Centro de Coordinación de Acción contra las Minas para el Sur del Libano (MACCSL, en sus siglas en inglés), el organismo designado por la ONU y el Gobierno libanés para organizar la localización y desactivación la peligrosa ‘herencia’ israelí.
Reto ingente
Uno de los dos equipos de desminado financiados por España examina un terreno en la localidad de Tebnin, al sur del Líbano.
“Tras la guerra, cada día salíamos de forma individual para localizar los puntos donde estaban diseminadas las bombas, y durante los seis primeros meses encontrábamos una media de 30 sitios distintos”, relata esta veterana de MACCSL. Desde su creación, en 2001, el Centro de Coordinación había trabajado en la limpieza del medio millón de minas antipersonales y antitanque dejadas por los israelíes tras su retirada del país, medio millón de artefactos diseminados fundamentalmente al sur del río Litani. Cuando el proyecto estaba casi acabado, la guerra de 2006 les obligó a comenzar de nuevo, pero con un reto mucho más ingente.
En las últimas 72 horas del conflicto, cuando la diplomacia había logrado arrancar un alto el fuego, Israel empleó a fondo su artillería y su aviación para bombardear el sur del Líbano con “varios millones” de submuniciones, según Farran. El alto porcentaje de fallo de este tipo de armamento (algunos modelos tienen hasta un 14% de posibilidades de no estalla en el acto) hizo que “cientos de miles” de submuniciones no explotaran en el acto y quedaran diseminadas a modo de minas antipersonales.
“Fue realmente frustrante, tras años de trabajo”, recuerda Tekimiti Gilbert, jefe de Operaciones de MACCSL. “Tener semejante número de bombas de racimo en un territorio tan pequeño resultaba simplemente increible”. Dada la alta densidad de población, la prioridad fue identificar las zonas de máximo riesgo y desplazar equipos de respuesta rápida para desactivar los explosivos. Eso no evitó que, desde entonces, unos 40 civiles hayan muerto desde agosto de 2006 y 220 hayan sufrido heridas por estos artefactos.
Los equipos de desminado -pertenecientes a diversas ONG, al Ejército libanés y a la FINUL, que para trabajar deben acreditarse ante el MACCSL- también han tenido bajas: 51 hasta el momento, entre fallecidos y heridos. Gracias a su trabajo, el 49% de los 39 millones de metros cuadrados infestados por bombas de racimo israelíes ya han sido limpiados.
Nuevas zonas afectadas
El comandante Juan Manuel Campo Cossío
“Hoy tenemos identificados 970 puntos contaminados, pero mañana habrá una docena más”, explica Farran. Ese es otro de los grandes problemas de la misión: cada día aparecen nuevas zonas afectadas. De ahí que el plazo con el que cuenta MACCSL para acabar su trabajo, antes de 2009, resulta poco realista. Farran afirma que de las cientos de miles estimadas, unas 145.000 submuniciones han sido desactivadas hasta la fecha. Si no hay una renovación del mandato, será el Ejército libanés el encargado, a partir de esa fecha, de seguir con su misión.
En el madrileño Centro Internacional de Desminado ya han sido formados 200 militares libaneses invitados por el Ministerio de Defensa y la Agencia de Cooperación. También la FINUL seguirá trabajando en una misión que parece inacabable.
La sección de desactivación de explosivos del contingente español, ahora dirigida por el comandante Juan Manuel Campo Cossio, ya ha desactivado miles de estos artefactos. Sus 25 hombres, apoyados por dos unidades de perros adiestrados, desactivan las cargas localizadas por las patrullas españolas o delatadas por los lugareños. “A la hora de desminar se emplean tres métodos: detección visual, manual o mediante gran bucle”, explica en referencia a un artilugio magnético usado por los desminadores.
Cossio, que ya trabajó en Bosnia, afirma que no le sorprendió tanto el alto número de explosivos como el alto porcentaje de fallo que tienen, y que convierte a las municiones de las bombas de racimo en un arma activa una vez que acaba el conflicto.
“Esperemos que la presión de los firmantes del Tratado sea suficiente para impedir el uso de bombas de racimo en cualquier conflicto”, deseaba el embajador Benzo, algo que Farran duda dado que los modelos empleados por Tel Aviv suelen ser fabricados por Israel, EEUU, Rusia y China, países que no han suscrito el Acuerdo. “El Tratado no impedirá que Israel vuelva a bombardearnos con esta munición, pero al menos no la animará a usarla”.
El Tratado de Lisboa está en manos de los indecisos. La consternación y el pesimismo se ha adueñado de Dublín y Bruselas tras conocerse el espectacular avance de la oposición al nuevo tratado entre los votantes irlandeses, que el jueves decidirán en referéndum su ratificación o rechazo. Un sondeo de TNSmrbi para el diario Irish Times, publicado ayer, coloca al no por delante con un 35%, 17 puntos más que hace tres semanas. El sí se queda en el 30%, cinco puntos menos que en el anterior sondeo.
“Mantened nuestro compromiso con el proyecto”, pide el primer ministro
Brian Cowen, el taoiseach, como se conoce en gaélico al primer ministro de Irlanda, hizo ayer un dramático llamamiento a sus compatriotas: “Por favor, mantened nuestro compromiso con el proyecto europeo. Es fundamental para nuestros intereses que eso sea así”.
La clave del resultado final la tiene el 28% de votantes que todavía no ha decidido su voto y el 7% que ya ha adelantado que no piensa votar. Y sobre todo los agricultores, que tradicionalmente se han beneficiado de las subvenciones comunitarias y que ahora están divididos porque muchos de ellos creen que el nuevo tratado es un paso hacia el desmantelamiento de esas ayudas y han exigido al primer ministro que se comprometa a vetar en su día las negociaciones comerciales en la Organización Mundial del Comercio.
Los partidarios del no citan su dificultad para entender el tratado como la primera causa de su oposición, seguido de su deseo de mantener el poder e identidad de Irlanda y mantener la neutralidad militar del país.
Los irlandeses ya rechazaron en 2001 el Tratado de Niza, que ratificaron al año siguiente después de conseguir algunas concesiones. En esta ocasión no está claro que Irlanda pueda renegociar un acuerdo que ya descarriló en 2005, cuando la fallida Constitución europea fue rechazada por los votantes de Francia y Holanda.
El no significaría un serio obstáculo para el buen funcionamiento de la Unión y una nueva crisis del proyecto comunitario. El nuevo tratado confiere más agilidad y facilidad para la toma de decisiones que el vigente tratado de Niza. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, advirtió a finales de mayo que no hay un plan B. “Si hay un no en Irlanda o en algún otro país, tendría un efecto muy negativo para el proyecto europeo”. “Todos pagaríamos un precio”, añadió.
El temor a un nuevo batacazo del proyecto europeo caló de inmediato ayer entre los responsables políticos comunitarios. La Comisión Europea llamó a los irlandeses a que ejerzan su derecho de voto el próximo 12 de junio. “No hacemos comentarios sobre sondeos, lo que cuenta es la decisión del pueblo de Irlanda”, precisó ayer su portavoz, Johannes Laitenberger. “Lo único que quiero subrayar es que votar es importante”, añadió. Y enfatizó que el Ejecutivo comunitario “ha hecho todo lo posible, todo lo que está dentro de su papel y de su deber”.
En Bruselas se han levantado voces en contra de los referendos populares como sistema para ratificar los acuerdos comunitarios. Enrique Barón, eurodiputado y ex presidente del Parlamento Europeo, señaló que “no tiene sentido someter este tipo de procesos del que dependen casi 500 millones de personas a la ruleta rusa”.
El Parlamento Europeo decidirá el próximo día 18 si da luz verde a la última versión de la directiva de retorno de los emigrantes sin papeles aprobada ayer por los ministros del Interior de los 27 Estados miembros en Luxemburgo. El texto acordado incluye el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los detenidos en determinadas condiciones. La incorporación de esta medida, a la que se oponían especialmente Alemania y Austria, permitirá al Partido Popular Europeo (PPE), principal grupo defensor de la directiva, el apoyo de un mayor número de diputados liberales.
El texto ha incorporado, con el apoyo de España y otros Estados, que “los Estados miembros asegurarán la asistencia legal necesaria o representación legal gratuita” de acuerdo con las normas de la respectiva legislación nacional y según las condiciones y límites establecidos en la directiva de asilo de 2005. Esta directiva señala que la asistencia gratuita podrá establecerse “únicamente para los procedimientos ante un órgano jurisdiccional” y no para nuevos recursos y revisiones.
La directiva entrará en vigor a los dos años de su aprobación, pero el derecho a la defensa jurídica gratuita no será vigente hasta dentro de tres años. La Comisión valorará el impacto de estos costes adicionales que podrán ser cofinanciados con recursos del Fondo Europeo de retorno.
Aparte de este cambio puntual de última hora, que ya venía en la propuesta inicial de la Comisión, la directiva supone un serio endurecimiento respecto al proyecto presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2005 que limitaba a seis meses el tiempo máximo de detención frente a los 18 meses de la directiva aprobada ayer, y no autorizaba la detención de menores. Sin embargo, mejora las condiciones existentes en algunos Estados, aunque ocurre lo contrario en el caso de España.
Los eurodiputados socialistas Claudio Fava y Martine Roure han presentado un paquete de enmiendas que se discutirán durante la tercera semana de junio en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. Las enmiendas exigen que las detenciones sean “ordenadas por escrito” y en los casos urgentes, cuando sean adoptadas por las autoridades administrativas, deberán ser confirmadas por el juez en 72 horas.
Las enmiendas exigen también que el detenido sea “liberado inmediatamente si la detención no es legal”. Proponen que el periodo de detención no podrá exceder los tres meses y sólo en casos excepcionales prorrogarse otros tres meses más.
Los socialistas Fava y Roure establecen muchas cautelas para los menores, como las que especifican que deberán ser atendidos en centros con actividades de ocio y facilitar su acceso a la educación. Además, señalan que “el mejor interés del niño será siempre la principal consideración”.
El debate en el Parlamento Europeo se presenta muy reñido, dado que el sistema de aprobación en primera lectura no permite, en teoría, la introducción de nuevas enmiendas. El PSE se encuentra dividido y sólo cuenta básicamente con los apoyos de Los Verdes y de la Izquierda Unitaria Europea.
Principales puntos de la nueva normativa
- Retorno voluntario. Se establece un periodo de 7 a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Si hay riesgo de evadir la acción de las autoridades o para la seguridad nacional, el periodo podrá ser inferior a siete días.
- Retención. El plazo máximo se fija en seis meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros. La retención tendrá lugar cuando haya un riesgo de eludir una próxima expulsión y debe ser “lo más corta posible”, en centros específicos (no en prisiones) y bajo supervisión judicial.
- Prohibición de retorno. Los indocumentados que sean expulsados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario. Ese periodo podrá ser aún mayor si la persona expulsada supone una amenaza grave para la seguridad. En cambio, las víctimas de tráfico de personas no tendrán limitaciones para volver a la Unión.
- Menores sin familia. En el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta “el mejor interés” para ellos a la hora de decidir su expulsión. El texto establece que para devolver a un menor de edad a su país de origen debe entregarse a miembros de su familia, a un tutor o a una institución debidamente acreditada.
- Asistencia jurídica gratuita. La garantía de asistencia jurídica se dará en las mismas condiciones que se ofrece a los solicitantes de asilo. Este mecanismo prevé que la asistencia sea gratuita según estipulen las leyes nacionales.
One Minute to Midnight by Michael DobbsLos misiles nucleares de la ex Unión Soviética estaban listos para destruir la base naval estadounidense en Guantánamo si el presidente John Kennedy hubiese ordenado la invasión de Cuba, según un libro publicado esta semana.
El periodista Michael Dobbs, del diario The Washington Post, en su libro One Minute to Midnight, que se apoya en documentos revelados por National Security Archive (NSA), afirma que los soviéticos apostaron los misiles el 27 de octubre de 1962.
Ese mismo día, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses le recomendó al presidente Kennedy la invasión de Cuba para destruir las bases donde la ex Unión Soviética había instalado misiles con ojivas nucleares.
El libro, publicado por Random House, aporta detalles hasta ahora no divulgados sobre las actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dentro de Cuba, y otros incidentes que por casi dos semanas mantuvieron al mundo al borde de un duelo atómico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética.
NSA es un grupo privado que se dedica a la obtención, estudio y divulgación de documentos secretos del Gobierno de Estados Unidos.
Los documentos aportados para el libro de Dobbs muestran que los servicios de espionaje estadounidenses mencionaban los misiles soviéticos como “piezas de artillería no identificadas”, cuando en realidad los proyectiles tenían ojivas nucleares con la potencia equivalente a la bomba detonada en 1945 sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.
El presidente Kennedy desechó la recomendación de sus asesores militares en favor de una solución diplomática de la crisis, que incluyó una reunión secreta entre su hermano, Robert, y el embajador soviético en Washington.
Para su libro, Dobbs también condujo prolongadas entrevistas con ex militares soviéticos y encontró documentos, hasta ahora desconocidos, que ofrecen nuevos detalles sobre la forma en que un presidente de EE.UU. toma decisiones en momentos de graves crisis internacionales.
El líder soviético Nikita Kruschev aludió a la amenaza nuclear pendiente sobre Guantánamo durante una reunión que mantuvo el 24 de octubre de 1962 con el presidente de la firma estadounidense Westinghouse, William Knox.
Según las notas que tomó Knox de la reunión, Kruschev dijo que no le interesaba “la destrucción del mundo”, pero advirtió a su visitante que la base naval en Guantánamo ‘‘desaparecería en el primer día” de la invasión estadounidense de Cuba.
A esa altura, según el libro, los soviéticos habían instalado misiles crucero con ojivas nucleares de 14 kilotones cerca del puerto de Mariel en el oeste de Cuba, y en Mayari Arriba, en el oriente de la isla.
Al tiempo que Kruschev se reunía con Knox, un convoy de misiles crucero se trasladaba de Mayari Arriba a una posición de lanzamiento en la aldea de Vilorio, y en la noche del 26 al 27 de octubre, en los momentos más críticos de la confrontación, se ordenó el traslado del convoy a la localidad de Filipinas, a 24 kilómetros de Guantánamo.