La iniciativa, presentada al Ejecutivo por la ministra saliente de Defensa Azucena Berrutti, y saludada ayer por representantes de organizaciones humanitarias, cancela la “obediencia a los mandos” –generalmente aplicada por subalternos para que no recayera la responsabilidad por haber cometido delitos de lesa humanidad– al determinar que los subordinados no están obligados a acatar órdenes ilegales. Berrutti aseguró a radios locales que optó por pedir la derogación del secreto militar cuando un oficial le explicó que no podía dar información porque así lo impedía la norma.

A partir de la puesta en marcha del decreto, oficial o subalterna deberán responder, requeridos por el ministerio de Defensa o Ejecutivo, sobre el destino de los desaparecidos, estimados en más de 200 por organismos de derechos humanos.

Se espera además que la medida tenga consecuencias sobre la justicia, en los casos donde se investiga el destino de los militantes de izquierda secuestrados y desaparecidos.

Divulgado ayer en el sitio web oficial de la Presidencia, el decreto fija que queda relevado del “secreto militar que hasta ahora había amparado la información relacionada con los hechos vinculados a la violación de DD.HH. sucedidos en el período comprendido entre el primero de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985”, año del retorno de la democracia.

Se trata de una medida “necesaria”, dijo el futuro subsecretario del Ministerio de Defensa, Jorge Menéndez, quien sustituirá como viceministro a José Bayardi, quien a su vez pasará a desempeñar la titularidad de la cartera en reemplazo de Berrutti Menéndez, actual diputado del Partido Socialista, indicó que “son elementos que pueden ayudar a la verdad y la justicia”, sobre los hechos ocurridos en la dictadura, aunque precisó que “el tiempo dirá” sobre los resultados que se puedan obtener de su aplicación..

Activistas de los derechos humanos dieron en tanto su beneplácito a la medida, a la que calificaron como “positiva”.

“Bienvenida la derogación de esta norma aunque no quiere decir que los militares en los hechos vayan a cambiar su actitud ya que esta norma no los retenía sino que es mas bien el pacto de silencio” que existe entre los ex represores, dijo el coordinador del Servicio de Paz y Justicia, Guillermo Paysee.

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