Fue sobre la hora: con el pie ya puesto sobre las vacaciones de Semana Santa, el gobierno socialista español obtuvo de su par brasileño una “tregua” en la guerra del “ojo por ojo y diente por diente” que ambos mantienen en sus respectivos aeropuertos de cabecera, con la expulsión mutua de viajeros.

Todo, desde que el gobierno progresista de Luiz Inacio Lula da Silva se animó a hacer lo que ningún otro de América latina, pese a su sintonía ideológica, esto es: impedir el ingreso y devolver a su país de origen a ciudadanos españoles en tanto España haga lo mismo en sus aeropuertos con viajeros regulares brasileños.

“Es lo único que pudimos hacer para que las autoridades españolas entendieran lo que estaba pasando”, dijeron voceros brasileños.

En los últimos años, numerosos viajeros argentinos fueron rechazados en los aeropuertos de esta ciudad y de Barcelona, ante la sospecha policial de que se trataba de inmigrantes irregulares. El último caso registrado fue hace un mes y los afectados tuvieron que valerse por sí mismos, según dijeron  

Pero en lo que se refiere a esta insólita batalla de expulsiones entre Brasil y España, la gota que colmó el vaso parece estar en la indignación del gobierno de Lula por la “injustificada” y “discriminatoria” detención en el aeropuerto madrileño de Barajas de una joven que, según dijeron, “cumple todos los requisitos” que exige España para el ingreso de turistas.

Encerrada

La carioca Janaina Agostinho, de 27 años, permanece retenida desde el lunes pasado en el aeropuerto de Barajas porque la policía española encontró “insatisfactoria” la documentación presentada para ingresar. “Lleva encerrada en un cuarto del aeropuerto sin poder cambiarse de ropa, sin poder salir, en malas condiciones de higiene”, dijo la familia española que esperaba a la visitante. “Esto parece un gobierno fascista y no socialista”, añadieron.

Quienes así hablaron fueron miembros de la familia de José Lupiánez, novio de la joven, que esperó en vano verla salir por la puerta de llegadas. “Es increíble. Le han retirado la documentación, el equipaje y hasta el teléfono móvil. Eso, porque el aparato tiene cámara de fotos y la policía no quiere que se sepa en qué condiciones de encierro se encuentra”, dijo Esteban Lupiánez, hermano del frustrado novio, que reside en la ciudad almeriense de Adra.

El caso de Janaina desató el escándalo, pero no fue el único. Hace una semana, cerca de treinta brasileños fueron rechazados y enviados de nuevo a su país de origen. Y, en lo que va del año, son más de mil los que corrieron la misma suerte, según se informó.

Lula encomendó a su canciller, Celso Amorim, la búsqueda de una solución por la vía diplomática a semejante goteo. Y, al no encontrarla, tomó su carta personal en el asunto: ordenó a la policía brasileña que, en la frontera, “aplique el máximo rigor” con ciudadanos españoles.

La organización Ecologistas en Acción denunció ayer las “retenciones ilegales” en Barajas. “Las víctimas son, sobre todo, ciudadanos de países de América latina, obligados a permanecer encerrados en condiciones lamentables”, dijo.

En mayo último, España endureció las condiciones para entrar en el país. Se exige no menos de 560 euros y un mínimo de 60 euros diarios. O la constancia de que el viajero podrá acceder a esa financiación. Brasil fue el primer país de América latina en reaccionar de forma simétrica a lo que considera una “aplicación arbitraria y discriminatoria” de la normativa.

Anoche, ambas cancillerías habían acordado una tregua para abrir conversaciones después de las vacaciones de Semana Santa. Para entonces, lo más probable es que Janaina, la joven cuya historia desató el escándalo, sea enviada de nuevo a su país. Sin haber puesto un pie en España.

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