El gobierno de Cristina Kirchner no opinó en forma pública de las detenciones e imputaciones judiciales en San Nicolás, que acentúan el conflicto rural. Si bien fuentes oficiales negaron que ellas hubieran sido ordenadas por la Casa Rosada, en el entorno kirchnerista dejaron trascender que esas medidas judiciales tuvieron el visto bueno oficial.

“La Presidenta y Néstor Kirchner no pueden mostrar debilidad: las rutas no pueden estar cortadas en forma total, otras protestas sí se aceptan; tampoco ordenarán reprimir”, confió a LA NACION un allegado al ex presidente, que digita la estrategia de enfrentamiento de largo aliento con el campo.

La situación se complicó de manera sorpresiva. Por la mañana, antes de las detenciones e imputaciones judiciales, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, había afirmado que el desalojo en las rutas bloqueadas “tiene que ver con decisiones judiciales y no decisiones del Gobierno”.

El mismo argumento se oyó por la noche en Balcarce 50. Voceros oficiales de la Presidenta aseguraron que “las detenciones fueron dispuestas por un juez federal”. Y aseveraron que “al Gobierno le convendría más que el campo mantenga los cortes de ruta que desprestigian la protesta ante la sociedad”.

Quienes siguieron de cerca los operativos en San Pedro fueron, en primer lugar, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que comanda las fuerzas federales de seguridad, como la Prefectura Naval, que produjo las detenciones; en segunda instancia, su par de Interior, Florencio Randazzo, también estuvo informado.

La estrategia de endurecimiento la habrían definido Cristina Kirchner; el jefe político del PJ, Néstor Kirchner, y el núcleo duro de Olivos; el empresario Rudy Ulloa Igor, y los funcionarios Carlos Zannini y Julio De Vido, entre otros miembros.

En ese círculo íntimo, se sostiene que existe un complot del agro y de otros sectores afines en contra del gobierno de Cristina Kirchner, una suerte de golpe cívico, al que por lo tanto “se le dará la pelea”. Y que “algún empujón de la Gendarmería tendrá que soportar el campo”. Por eso, justificaron las detenciones de ayer.

En medio de la confusión general, cerca de la Presidenta lo negaron. En el Gobierno insistían anoche en que la Prefectura sólo actuó por orden del juez federal Carlos Villafuerte Russo, aunque la Justicia dejó trascender que la Prefectura actuó de oficio ante “la flagrancia del corte”, tras lo cual dio intervención al magistrado. Y sostuvieron que un fiscal, independiente, imputó a diversos dirigentes de la oposición por apoyar un acto ruralista, el 19 de marzo.

Otras fuentes, empero, aseguraron que la decisión del Gobierno es impedir con las fuerzas del orden los cortes de ruta totales y tolerar los bloqueos parciales, que se interrumpen cada dos horas, o aquellos en los que se negocia con la Gendarmería Nacional.

Según pudo saber LA NACION, algunos funcionarios descuentan que el dirigente de la Federación Agraria, Alfredo De Angeli, líder del piquete de la ruta 14, en Entre Ríos, podría quedar en la mira oficial y “de la Justicia”.

La Presidenta -en forma indirecta- y el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, directamente, habían hecho duras críticas al campo por la mañana.