Detuvieron 8 horas a ruralistas y citaron a dirigentes de la oposición

Written on May 31, 2008 – 6:12 pm | by Diego Dattoli |

Lo dispuso la Justicia.

Apresaron a ocho productores en San Pedro acusándolos de incendiar pastizales. Y a la bonaerense Stolbizer y la santafesina Alarcón, por haber participado en marzo de un piquete en la ruta 9.

Los productores agropecuarios dijeron que realizaban un “banderazo” como protesta por la falta de soluciones en el conflicto por las retenciones. La Justicia, en cambio, los acusó de haber quemado pastizales al borde de la ruta 9, en San Pedro. Lo cierto es que la Prefectura desalojó ayer por la tarde la ruta y detuvo a ocho manifestantes durante ocho horas. Los ruralistas denunciaron que los efectivos los golpearon con cascos y escudos y que esposaron a los sospechosos “al azar”.

En forma paralela, la ofensiva judicial del Gobierno alcanzó a la oposición: un fiscal citó a declarar a la radical Margarita Stolbizer, socia de Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires, y a la ex diputada María del Carmen Alarcón, enemiga del oficialismo desde que en 2006 la echaron del bloque K por expresar que estaba en contra de la política agropecuaria de Néstor Kirchner.

La Justicia también citó al intendente de San Pedro, el radical K Mario Barbieri y a los presidentes de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, y de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías. A todos, el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, les imputa haber cortado rutas en el piquete del 19 de marzo en San Pedro, una semana después de que el Gobierno anunció el plan de retenciones móviles.

Fuentes de la Coalición Cívica aseguraron a Clarín que Murray tiene un pasado en el Frepaso y que mantiene fuertes vínculos con el kirchnerismo. En la UCR también lo asociaron con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Las detenciones de Raúl Victores (presidente de la Sociedad Rural de San Pedro), Juan Morrese, Fernando Morrese, Rufino Victores, Reynaldo Bianchini, Juan Kislin, Fabián Pascual y Alberto Batalla se produjeron cerca de las 15 en el kilómetro 153 de la ruta 9. “Es una locura lo que hizo Prefectura. Los efectivos nos cercaron, nos atacaron con violencia y se llevaron presos a los que pudieron”, contó Juan Batalla, hijo de uno de los detenidos.

En un principio, el abogado de los detenidos, Marcelo Di Leo, señaló que se les imputaban varios delitos: estrago, atentado y resistencia a la autoridad y entorpecimiento de las vías de comunicación terrestre. Pero, una vez que la noticia tomó estado público —según fuentes kirchneristas a las que tuvo acceso Clarín—, hubo funcionarios del Gobierno que evaluaron que el impacto “iba a ser negativo” y se habrían comunicado con la Fiscalía para comentar esa impresión.

Casualidad o no, el fiscal les retiró las imputaciones por atentado y resistencia a la autoridad y posibilitó, así, la liberación de los ocho productores, que comenzó poco antes de la medianoche.

El delito de entorpecimiento de las vías de comunicación terrestre es el que prevé el artículo 194 del Código Penal, casualmente el mismo que compromete a las opositoras Stolbizer y Alarcón y cuya pena es hasta dos años de prisión, aunque es excarcelable. Ni Stolbizer ni Alarcón parecían dar crédito a la citación.

“No cometí ningún delito, ni siquiera corté la ruta. Esto es gravísimo porque hay intencionalidad política y persecución”, consideró Stolbizer, quien anoche mostraba sus manos manchadas de negro, luego de pasar por una comisaría de Morón para completar su ficha dactilar.

La ex diputada Alarcón, integrante del grupo Pampa Sur y funcionaria del gobernador santafesino Hermes Binner, también se mostró “sorprendida” por la citación y la asoció con un acto “intimidatorio” ya que, dijo, ella nunca cortó rutas. En su paso por el Congreso, Alarcón había presidido la Comisión de Agricultura, un cargo del que fue destituida en mayo de 2006 como consecuencia de sus críticas.

Después de tres horas de declaración, Alarcón hizo un llamado de alerta por el tenor de las preguntas que le hicieron en la Policía Federal, a instancias del juez federal: “Me preguntaron por cuestiones de mi vida privada: dónde vivía, cómo era mi casa, cuánto ganaba, con quién vivía y de qué trabajaba mi hija”.

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