En un fallo insólito, un tribunal colombiano ordenó ayer el arresto del presidente Álvaro Uribe y de dos de sus ministros, por no acatar un recurso de amparo, en una medida que el propio gobierno calificó de “extravagante”.
Un tribunal de Sincelejo (departamento de Sucre) ordenó la detención del jefe de Estado y de los ministros de Hacienda, Iván Zuluaga, y del Interior, Fabio Cossío, a quienes se acusa de desacatar una orden judicial para reponer los salarios a los trabajadores judiciales.

Sin emgargo, la Corte Suprema de Justicia revocó la determinación judicial que ordenaba el arresto del mandatario; el fallo fue revisado en un reunión extraordinaria de la Corte Justicia, que tenía al menos 20 días para decidir el caso

Si bien el propio Uribe admitió ayer que “me someteré a todos los estamentos de la justicia colombiana”, el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, opinó que “es una decisión (la del tribunal de Sincelejo) que no tiene sentido” porque excede los límites de la acción de tutela, y anunció que la administración Uribe apelaría el fallo ya que el presidente —de acuerdo con las leyes colombianas— sólo puede responder ante el Congreso y la Corte Suprema.

La sanción que se pedía de tres días de arresto era por el desacato al cumplimiento del fallo de tutela, “porque la nación estaba obligada a reajustarles los salarios a esos funcionarios”, expresó el magistrado Gustavo Lion a una cadena local, para quien “las entidades públicas encargadas de dar cumplimiento a la tutela, entre ellas el presidente, hicieron caso omiso de esa orden, lo que generó un desacato”. La medida llegó justo cuando una encuesta dio cuenta de la primera caída de la popularidad de Urib, al pasar del 85% que obtuvo a pocos días de la liberación de Íngrid Betancourt, al 75%. Si bien su índice de aceptación sigue siendo altísimo, la primera alarma de que puede comenzar el final del encantamiento de los colombianos con su presidente ya sonó en el Palacio de Mariño.

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