El representante por Miami Dade en la legislatura estatal, David Rivera.A sólo tres semanas del final del período legislativo estatal, las propuestas de ley para controlar la inmigración ilegal están atrapadas en discusiones a nivel de comisión y parecen tener poca posibilidad de aprobación.

No obstante, los activistas proinmigrantes y los grupos de industrias de la Florida se niegan a reducir la presión sobre la Legislatura para que no aprueben estas medidas.

Entre otras cosas, los proyectos de ley incluyen normas para penalizar a las granjas y los contratistas del gobierno que contraten a indocumentados y exigir que los policías locales reporten a las autoridades federales el arresto de inmigrantes ilegales.

Una de las propuestas más controversiales, la HB 73, del representante Donald Brown, republicano por DeFuniak Springs, exige que se verifique el estatus inmigratorio de cualquier persona detenida por manejar ebria y que las empresas utilicen el sistema federal E-Verify para asegurar que sus empleados están legalmente en el país.

La ley también eliminaría cualquier restricción en la cooperación entre la policía local y los agentes de inmigración federales en temas de inmigración. También contempla que los inmigrantes indocumentados no reciban beneficios federales.

El paquete de cinco propuestas sobre inmigración de la Cámara de Representantes, que incluye la de Brown, se discutió esta semana en la Comisión de Asuntos de Estado.

Legisladores y grupos empresariales del sur de la Florida se pronunciaron contra los proyectos de ley, afirmando que devastarían la economía estatal.

El representante por Miami-Dade David Rivera declaró contra las propuestas ante el comité.

“También tenemos que tomar en cuenta las contribuciones que hacen los inmigrantes en nuestro estado, como pagar impuestos a la venta cuando compran productos, o pagar impuestos a la propiedad si alquilan o son propietarios”, afirmó Rivera. “Cuando pagan impuestos, ayudan a pagar por las escuelas, hospitales y carreteras”.

El representante agregó que la razón por la que los inmigrantes vienen a la Florida es que aquí hay empleos. Sin embargo, agregó Rivera, las industrias de la construcción, hostelería y agricultura se derrumbarían si el estado exige que se utilice el sistema de verificación de estatus migratorio federal E-Verify, el cual ahora es voluntario.

‘‘Hemos escuchado muchos testimonios de que el sistema de E-Verify no es preciso, y todas las industrias nos han dicho que sería un desastre para ellos”, señaló Rivera. “No se recogerían las frutas y vegetales, y no se construirían las casas”.

Algunos de los grupos del negocio más grande de la Florida, entre ellos Associated Builders and Contractors (ABC), Construction Coalition, Florida Chamber y Associated Industries of Florida, se han unido con abogados de servicios sociales, incluidos Florida Catholic Conference, Farmworker’s Self-Help y Farmworker Association of Florida para oponerse a estos proyectos de ley, que según ellos son antihispanos e impedirían hacer negocios, a la vez que enfriarían la economía de la Florida.

Randy Lebolo, el presidente de Lebolo Construction Management, con sede en Boynton Beach y miembro de ABC, viajó a Tallahassee hace pocos días como parte de una comitiva opuesta a las propuestas.

“El sistema no es exacto y va a dejar a mucha gente en la calle”, señaló Lebolo. “No nos oponemos a que el estado federal haga las cosas bien y nosotros entregamos toda la documentación requerida por el gobierno federal para verificar que los trabajadores son legales, pero hasta que el sistema E-Verify no sea perfecto, no lo podemos usar”, precisó Lebolo.

Las propuestas de ley no han salido del comité que las revisa, y Rivera dijo que hay poca posibilidad de que salgan de ahí antes de que finalice la sesión legislativa el 2 de mayo.

‘‘Tenemos demasiadas cosas más importantes que resolver en estas semanas”, señaló el legislador.

Brown no devolvió llamadas que El Nuevo Herald hizo a su oficina en la capital del estado.

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