Fátima Aburto, portavoz socialista en la Comisión de Exteriores del Congreso, debió de sentirse muy sola en el debate sobre el Sáhara Occidental en el que participó en el Círculo de Bellas Artes. Uno tras otro, los diversos oradores, representantes de diversos partidos políticos, y el público en general lamentaron que el Gobierno del PSOE respaldase a Marruecos en estos asuntos. Todos pidieron un mayor compromiso del Ejecutivo con la situación de los derechos humanos en la ex colonia española.

Las jornadas organizadas esta semana por las seis universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara, y coordinadas por Pedro Martínez, vicerrector de la Universidad Autónoma, coincidieron con la publicación del informe de Amnistía Internacional en el que se denuncia la detención en 2007 de cientos de activistas saharauis, entre los que figuran menores de edad, por participar en manifestaciones contra la presencia marroquí.

“Hay que presionar por el respeto de los derechos humanos en el Sáhara”, recalcó Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Unida, quien empezó expresando su “frustración en relación con la política española” para ese territorio. “La neutralidad activa ha quedado rota en el caso del Sáhara”, añadió Guillermo Mariscal, del Partido Popular.

El PSOE ofrece diálogo
“La situación de los derechos humanos es penosa”, insistió Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. “España tiene que desempeñar un papel”, añadió. “Es complicado, pero hay que optar entre los derechos humanos y los intereses de la geopolítica”, como hizo en septiembre la canciller federal alemana Angela Merkel al recibir al Dalai Lama, líder del exilio tibetano.

“El Gobierno español apoya claramente el plan de autonomía marroquí”, denunció Hamad Hamad, un activista saharaui que pasó un montón de años en la cárcel de El Aaiún. “¿Qué es lo que hemos hecho nosotros al Gobierno español para que nos traicione?”, preguntó.

“Nunca se ha renunciado a la legalidad internacional”, respondió la socialista Aburto quién ofreció consenso en el Congreso. Gaspar Llamazares se mostró escéptico: “En el intergrupo parlamentario hemos coincidido en la mayoría de las iniciativas, pero el Gobierno desarrolla una estrategia política distinta”.

 El desplome de una grúa en el este de Manhattan causó ayer la muerte de dos obreros de la construcción y daños a varios departamentos. Pero además, dejó a muchos neoyorquinos haciéndose esta pregunta: ¿Otra vez?
Es la segunda vez en dos meses que ocurre algo parecido. En marzo, el desplome de otra grúa se saldó con siete muertos. Desde entonces, funcionarios implementaron más estrictamente las regulaciones en materia de seguridad y aseguraron al público que no había razón para temer a los sitios de construcción que hay por toda la ciudad.

El alcalde Michael Bloomberg dijo tras el accidente de ayer que “lo sucedido es inaceptable e intolerable. Y tras reconocerlo, no sabemos de momento qué ha pasado y por qué”, pero prometió que la municipalidad lo investigará a fondo.

El alcalde explicó que una de las víctimas se encontraba en la cabina de la grúa y la segunda en la calle. Un transeúnte resultó herido levemente. Bomberos dijeron haber atendido a varias personas, pero no detallaron su estado. Lo cierto es que el siniestro de ayer reanudó el debate entre ciudadanos y políticos sobre si las autoridades de la ciudad actuaron con la resolución suficiente para garantizar la seguridad en los sitios de construcción y sobre si los neoyorquinos se sienten inseguros de todos modos.

“Siempre veía esa grúa”, dijo Linda Taylor, de 49 años, oficial de tránsito que trabaja en el vecindario donde ocurrió el colapso de ayer. Añadió que desde el incidente de marzo, se le hizo costumbre voltear a ver la grúa. “Me da miedo pasar por ahí”, admitió. El colapso ocurrió momentos después de las ocho de la mañana, en el edificio en construcción ubicado en la esquina de 91st Street y First Avenue.

Testigos dijeron que el brazo de la grúa se partió, disparando la cabina y la parte superior del brazo contra un edificio residencial. La cabina demolió parte de un penthouse y luego se desplomó, dañando la fachada norte del edificio, destruyendo balcones y dejando un montón de escombros sobre el cemento. En total, siete edificios fueron desalojados a manera de precaución.

El operador de la grúa, Donald Leo, de 30 años, estaba en la cabina cuando la estructura cayó. Rescatistas lo sacaron de los escombros, pero ya estaba muerto. Un segundo hombre, Ramadan Kurtij, de 27 años, también perdió la vida. Otro obrero de la construcción, Simeon Alexis, fue llevado a un hospital con “una profunda herida en el pecho”. (Con información de AP)

Las autoridades chinas han ordenado la evacuación de 1,3 millones de personas amenazadas por el desbordamiento del lago Tangjiashan, situado en una de las zonas más devastadas por el terremoto del pasado día 12 de mayo.

Según informó la agencia oficial china, Xinhua, el secretario del Partido Comunista de la ciudad de Mianyang, Tan Li, ordenó el traslado de 1,3 millones de personas que viven en la parte baja del lago a zonas más altas señaladas por el Gobierno, “ante el temor” de que el Tangjiashan se desborde a consecuencia del terremoto y de las fuertes réplicas.

La orden llega cuando unos 700 soldados y obreros intentan cavar un canal para trasvasar la masa de agua del lago, de cuyas inmediaciones han sido ya evacuadas unas 200.000 personas.

Helicópteros del Ejército están transportando combustible, alimentos y equipos de construcción al lago, cuyas aguas están a 30 metros de superar el dique de contención, según informó el canal público Televisión Central de China.

En Mianyang, con una población de 5 millones de habitantes, los vecinos han estado ensayando maniobras de evacuación en los últimos días preparándose para lo peor.

El seísmo registrado el pasado 12 de mayo en la provincia de Sichuan (suroeste del país) causó la formación de unos 35 lagos a causa del bloqueo de los ríos por aludes de rocas y escombros.

De ellos, 27 corren peligro de desbordarse con la llegada de las lluvias estivales sobre áreas ya devastadas por el terremoto y donde millones de personas duermen a la intemperie desde la fuerte sacudida de 8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter.

El Gobierno central decidió ayer destinar otros 144 millones de dólares para drenar estos lagos, formados como consecuencia del temblor.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, fue agredido con huevazos por productores agropecuarios ayer, mientras participaba de un acto en Pampa del Infierno. Fue un severo anuncio de cómo seguiría la tensa jornada: los ruralistas ratificaron los cortes en cuatro rutas de la provincia, descontentos porque consideran “insuficientes” los anuncios oficiales.

Por eso, los productores seguirán en las rutas 16 y 95 -a la entrada de Sáenz Peña, la segunda ciudad importante del Chaco-, en la nacional 89 y en la provincial 6. Hasta anoche, dejaban pasar los vehículos cada tres o cuatro horas, salvo los que transportan hacienda y granos, que están paralizados.

Pero el pico de tensión se vivió con unos 40 productores autoconvocados de la localidad de Pampa del Infierno, a 270 kilómetros de esta capital, que lanzaron huevos contra el gobernador cuando inauguraba un centro de recaudación de la AFIP y de la Dirección de Rentas. Capitanich recibió insultos, sobre todo, por sus embestida pública como vicepresidente del Partido Justicialista, justo cuando cortaba las cintas de la nueva delegación.

“Acá la gente no le cree al Gobierno porque nunca cumplió lo que había prometido respecto del trigo. Estamos esperando desde el año pasado y no vimos ni un solo peso”, dijo Raúl Vega, un dirigente cooperativista y referente de la protesta ruralista.

Entre los autoconvocados de Pampa del Infierno había malestar con el gobernador porque los calificó de “golpistas” cuando leyó el duro comunicado del PJ. La participación de Capitanich en la crisis divide las opiniones. Hay muchos que están en contra de su apoyo al Gobierno y otros que dicen que está “apretado para que no le corten la coparticipación”.

Después de los incidentes en el acto, el gobernador, visiblemente nervioso, partió a la localidad de Taco Pozo, ubicada a 500 kilómetros de la capital provincial, donde recibió el apoyo de autoridades partidarias y distintos sectores políticos, que calificaron de “muy lamentable” el ataque.

Siguen los cortes

Sin embargo, la tensión continúa, al igual que los cortes. En Charata, en el oeste chaqueño, Mario Biciuffa, uno de los líderes de los productores autoconvocados, dijo a la vera de la ruta 89 que “los anuncios no conformaron”. Y anunció: “Seguiremos en la ruta”.

El referente de la Asociación de Productores del Chaco (Aprocha), Daniel Karban, explicó que la protesta rural tendrá la modalidad de mantener la presencia en las rutas, pero sin cortar el tráfico. Eso sí: mantendrán “un firme paro en la comercialización de productos, tanto de granos como de carne”.

Pero también hubo otro hecho que movilizó el agitado mapa ruralista chaqueño: la presencia del piquetero Raúl Castells, que viajó al Chaco en solidaridad con los productores autoconvocados del Sudoeste, apostados sobre la ruta 89, en Las Breñas, Charata y Gancedo.

Castells, en su paso breve, cuestionó a Capitanich: “En lugar de valorar el esfuerzo y trabajo de su gente, que se desloma, lanza un ataque contra ellos desde Buenos Aires”.

“Es una canallada llamar golpistas a los productores, que lo único que saben es labrar la tierra, y que hacen piquetes para que no les roben y puedan trabajar en paz”, dijo el piquetero. Después, propuso aplicarles retenciones “a los 18 grupos que manejan el 90 por ciento de la comercialización de la producción”.

Interpol informó el viernes la detención de 185 personas en una operación contra el contrabando que abarcó cinco países sudamericanos.

La agencia policial internacional con sede en Francia dijo que policías locales en colaboración con Interpol se incautaron de bienes por un valor superior a los 115 millones de dólares, los que incluyen cocaína, armas y medicamentos falsificados cuya ingestión podría ser fatal.

La llamada “Operación Júpiter III” se realizó en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay de octubre a diciembre.

Representantes de esos países se reunieron en Buenos Aires para evaluar los resultados de la operación.

Durante el operativo, informó Interpol, se incautaron también 973 kilogramos de marihuana, y 2,35 kilos de crack.

“Nos sentimos encantados con el respaldo que Interpol y las industrias afectadas por falsificación y piratería en Sudamérica han recibido de la policía y de las autoridades aduaneras”, dijo el secretario general del organismo, Ronald K. Noble.

“La determinación de las autoridades policiales en los cinco países para trabajar de manera conjunta y compartir datos de inteligencia ha mejorado la comunicación, la cooperación y la eficacia de las intervenciones en redes criminales”, señaló Noble, según el comunicado de Interpol en internet.

A su vez Sydney Ribeiro, jefe de la policía nacional uruguaya, dijo que “La Operación Júpiter ha mejorado nuestro nivel de conocimiento acerca de la falsificación y piratería en Uruguay”.

La Operación Júpiter es una de una serie de iniciativas contra falsificadores de productos lanzada por la Interpol y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

“Mediante un trabajo conjunto, la comunidad empresarial y la Interpol están asestando duros golpes a los falsificadores y piratas”, dijo David Hirschmann, presidente y director general del Centro de Propiedad Intelectual Global de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

 El pequeño reino de Bahrein, situado en el Golfo Pérsico, acaba de hacer Historia convirtiéndose en el primer Estado árabe que nombra a un judío como embajador en el extranjero.

El monarca Hamad bin Isa al Jalifah ha encargado la legación diplomática de su país en Estados Unidos a Huda Azar Ibrahim Nono, una legisladora de 43 años perteneciente a la minoría judía del reino, apenas formada por 40 judíos. La mayoría de los habitantes de Bahrein, un estado musulmán con medio millón de ciudadanos, profesan la rama chií del Islam (el 65%) aunque están gobernados por la elite suní.

“Es un gran honor para mí ser nombrada la primera embajadora en Estados Unidos de America y estoy deseando hacerme cargo de este desafío”, explicó Nono a la agencia Associated Press. El decreto firmado por Al Jalifah, recogido por la agencia local, no especificaba el destino asignado a la senadora, pero en los medios de Bahrein su nombre sonaba, desde principios de año, como posible enviada a Washington.

Nono, que especificó a la agencia norteamericana no haber sido elegida por su religión, se declaró dispuesta a servir a su nación “antes de nada como bahreiní”. Su primer cargo oficial fue en el Consejo de la Shura, la Cámara Alta del reino –una monarquía constitucional- en la que sólo dos de sus 40 miembros, junto a la propia Huda, son judíos. El primer representante de esta minoría fue Ibrahim Dawud Nono, un hombre de negocios emparentado con la próxima embajadora, que fue nombrado por el rey miembro del Consejo Consultivo en 2000, mientras que Huda Nono fue elegida en 2002 –año en el que se les concedió a las mujeres del reino el derecho a voto- y sirvió durante tres años, antes de ser trasladada al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde la cámara alta bahreiní, Huda Nono fundó la Sociedad de Observación de los Derechos Humanos de Bahrein, opuesto a la pena de muerte aunque criticado por organismos independientes que lo describían como una “ONG falsa” encargada de promover la política gubernamental a costa de la defensa de los Derechos Humanos. Según el diario emiratí ‘The National’, Nono fue incluso expulsada de una cumbre anti tortura en Ginebra junto a otro legislador bahreiní, Faysal Fulad.

Originario de Irak, país que tenía una amplia comunidad judía hasta la creación del Estado de Israel, la familia de Nono se trasladó a Bahrein a principios del siglo XX junto con otras familias originarias de Bagdad, formando una comunidad de 1.500 personas. La mayor parte de ellos se instalaron años después en Israel, una vez que las autoridades judías promovieron la diáspora. Los 40 judíos que se quedaron en el reino del Golfo pueden practicar su religión sin restricciones y disponen de sinagoga y cementerio propio, aunque no pueden viajar a Israel, país con el que Bahrein no mantiene relaciones.

Sin embargo, sus estrechos contactos con Occidente van en aumento. En sus aguas alberga el mando de la V Flota Norteamericana, y tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos cerró su Oficina de Boicot a Israel en 2005 para escándalo de muchos de sus parlamentarios, que exigieron su reapertura.

Algunos medios bahreiníes ven, tras el nombramiento de Nono, una maniobra propagandística para intensificar la relación con Estados Unidos y fomentar una imagen aperturista del reino.

Lo dispuso la Justicia.

Apresaron a ocho productores en San Pedro acusándolos de incendiar pastizales. Y a la bonaerense Stolbizer y la santafesina Alarcón, por haber participado en marzo de un piquete en la ruta 9.

Los productores agropecuarios dijeron que realizaban un “banderazo” como protesta por la falta de soluciones en el conflicto por las retenciones. La Justicia, en cambio, los acusó de haber quemado pastizales al borde de la ruta 9, en San Pedro. Lo cierto es que la Prefectura desalojó ayer por la tarde la ruta y detuvo a ocho manifestantes durante ocho horas. Los ruralistas denunciaron que los efectivos los golpearon con cascos y escudos y que esposaron a los sospechosos “al azar”.

En forma paralela, la ofensiva judicial del Gobierno alcanzó a la oposición: un fiscal citó a declarar a la radical Margarita Stolbizer, socia de Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires, y a la ex diputada María del Carmen Alarcón, enemiga del oficialismo desde que en 2006 la echaron del bloque K por expresar que estaba en contra de la política agropecuaria de Néstor Kirchner.

La Justicia también citó al intendente de San Pedro, el radical K Mario Barbieri y a los presidentes de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, y de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías. A todos, el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, les imputa haber cortado rutas en el piquete del 19 de marzo en San Pedro, una semana después de que el Gobierno anunció el plan de retenciones móviles.

Fuentes de la Coalición Cívica aseguraron a Clarín que Murray tiene un pasado en el Frepaso y que mantiene fuertes vínculos con el kirchnerismo. En la UCR también lo asociaron con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Las detenciones de Raúl Victores (presidente de la Sociedad Rural de San Pedro), Juan Morrese, Fernando Morrese, Rufino Victores, Reynaldo Bianchini, Juan Kislin, Fabián Pascual y Alberto Batalla se produjeron cerca de las 15 en el kilómetro 153 de la ruta 9. “Es una locura lo que hizo Prefectura. Los efectivos nos cercaron, nos atacaron con violencia y se llevaron presos a los que pudieron”, contó Juan Batalla, hijo de uno de los detenidos.

En un principio, el abogado de los detenidos, Marcelo Di Leo, señaló que se les imputaban varios delitos: estrago, atentado y resistencia a la autoridad y entorpecimiento de las vías de comunicación terrestre. Pero, una vez que la noticia tomó estado público —según fuentes kirchneristas a las que tuvo acceso Clarín—, hubo funcionarios del Gobierno que evaluaron que el impacto “iba a ser negativo” y se habrían comunicado con la Fiscalía para comentar esa impresión.

Casualidad o no, el fiscal les retiró las imputaciones por atentado y resistencia a la autoridad y posibilitó, así, la liberación de los ocho productores, que comenzó poco antes de la medianoche.

El delito de entorpecimiento de las vías de comunicación terrestre es el que prevé el artículo 194 del Código Penal, casualmente el mismo que compromete a las opositoras Stolbizer y Alarcón y cuya pena es hasta dos años de prisión, aunque es excarcelable. Ni Stolbizer ni Alarcón parecían dar crédito a la citación.

“No cometí ningún delito, ni siquiera corté la ruta. Esto es gravísimo porque hay intencionalidad política y persecución”, consideró Stolbizer, quien anoche mostraba sus manos manchadas de negro, luego de pasar por una comisaría de Morón para completar su ficha dactilar.

La ex diputada Alarcón, integrante del grupo Pampa Sur y funcionaria del gobernador santafesino Hermes Binner, también se mostró “sorprendida” por la citación y la asoció con un acto “intimidatorio” ya que, dijo, ella nunca cortó rutas. En su paso por el Congreso, Alarcón había presidido la Comisión de Agricultura, un cargo del que fue destituida en mayo de 2006 como consecuencia de sus críticas.

Después de tres horas de declaración, Alarcón hizo un llamado de alerta por el tenor de las preguntas que le hicieron en la Policía Federal, a instancias del juez federal: “Me preguntaron por cuestiones de mi vida privada: dónde vivía, cómo era mi casa, cuánto ganaba, con quién vivía y de qué trabajaba mi hija”.

El gobierno de Cristina Kirchner no opinó en forma pública de las detenciones e imputaciones judiciales en San Nicolás, que acentúan el conflicto rural. Si bien fuentes oficiales negaron que ellas hubieran sido ordenadas por la Casa Rosada, en el entorno kirchnerista dejaron trascender que esas medidas judiciales tuvieron el visto bueno oficial.

“La Presidenta y Néstor Kirchner no pueden mostrar debilidad: las rutas no pueden estar cortadas en forma total, otras protestas sí se aceptan; tampoco ordenarán reprimir”, confió a LA NACION un allegado al ex presidente, que digita la estrategia de enfrentamiento de largo aliento con el campo.

La situación se complicó de manera sorpresiva. Por la mañana, antes de las detenciones e imputaciones judiciales, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, había afirmado que el desalojo en las rutas bloqueadas “tiene que ver con decisiones judiciales y no decisiones del Gobierno”.

El mismo argumento se oyó por la noche en Balcarce 50. Voceros oficiales de la Presidenta aseguraron que “las detenciones fueron dispuestas por un juez federal”. Y aseveraron que “al Gobierno le convendría más que el campo mantenga los cortes de ruta que desprestigian la protesta ante la sociedad”.

Quienes siguieron de cerca los operativos en San Pedro fueron, en primer lugar, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que comanda las fuerzas federales de seguridad, como la Prefectura Naval, que produjo las detenciones; en segunda instancia, su par de Interior, Florencio Randazzo, también estuvo informado.

La estrategia de endurecimiento la habrían definido Cristina Kirchner; el jefe político del PJ, Néstor Kirchner, y el núcleo duro de Olivos; el empresario Rudy Ulloa Igor, y los funcionarios Carlos Zannini y Julio De Vido, entre otros miembros.

En ese círculo íntimo, se sostiene que existe un complot del agro y de otros sectores afines en contra del gobierno de Cristina Kirchner, una suerte de golpe cívico, al que por lo tanto “se le dará la pelea”. Y que “algún empujón de la Gendarmería tendrá que soportar el campo”. Por eso, justificaron las detenciones de ayer.

En medio de la confusión general, cerca de la Presidenta lo negaron. En el Gobierno insistían anoche en que la Prefectura sólo actuó por orden del juez federal Carlos Villafuerte Russo, aunque la Justicia dejó trascender que la Prefectura actuó de oficio ante “la flagrancia del corte”, tras lo cual dio intervención al magistrado. Y sostuvieron que un fiscal, independiente, imputó a diversos dirigentes de la oposición por apoyar un acto ruralista, el 19 de marzo.

Otras fuentes, empero, aseguraron que la decisión del Gobierno es impedir con las fuerzas del orden los cortes de ruta totales y tolerar los bloqueos parciales, que se interrumpen cada dos horas, o aquellos en los que se negocia con la Gendarmería Nacional.

Según pudo saber LA NACION, algunos funcionarios descuentan que el dirigente de la Federación Agraria, Alfredo De Angeli, líder del piquete de la ruta 14, en Entre Ríos, podría quedar en la mira oficial y “de la Justicia”.

La Presidenta -en forma indirecta- y el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, directamente, habían hecho duras críticas al campo por la mañana.